12 de marzo de 2017 00:00

Polémica por la revisión técnica de buses en el país

Peritos de la Policía revisan los neumáticos del bus accidentado la tarde del martes 7 de marzo. Foto: Alfredo Lagla / EL COMERCIO

Peritos de la Policía revisan los neumáticos del bus accidentado la tarde del martes 7 de marzo. Foto: Alfredo Lagla / EL COMERCIO

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Javier Ortega

Los dos agentes se treparon al chasis de la unidad PAV-1200 y empezaron a hacer fotografías al vehículo. Revisaron cada uno de los neumáticos y las marcas que estos dejaron en la carretera. Toda esa inspección se dio el miércoles 8 de marzo del 2017, un día después del accidente en la Panamericana Norte, en Quito.

Por ahora solo se conoce que la tarde del martes el bus de la Cooperativa Flor del Valle cruzó al carril contrario, chocó a una camioneta y cayó a un barranco. Murieron 12 personas y otras 25 resultaron heridas.

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) incluso adelantó que una falla mecánica pudo desencadenar el accidente.

Esto también relataron familiares de los heridos a este Diario. Unos relacionaron el choque con un daño en los frenos y otros lo vincularon con la velocidad. Dayana Caicedo, por ejemplo, recordó el mensaje que su hermana, Catalina, envió a su novio segundos antes de que el vehículo se estrellara.

“Amor, creo que el bus está sin frenos”, le escribió. La joven de 23 años fue una de las 12 personas que murieron esa tarde.

Pero el miércoles, la ANT hizo otro anuncio: como medida puntual ordenará una segunda revisión técnica a todas las unidades que cubren el trayecto Quito-Cayambe-Quito, de la Cooperativa Flor del Valle.

Esto no ocurría desde el 2016. En abril de ese año, el presidente Rafael Correa firmó el Decreto 975 y flexibilizó la inspección mecánica del transporte público, al ordenar que este tipo de vehículos únicamente se someta a un control técnico cada año y no a dos como ocurría anteriormente.

En el documento no aparecen argumentos ni estudios técnicos, tan solo una explicación jurídica que señala que al haber “cambios sustanciales” en la Ley de Tránsito, en el Código Integral Penal y en otras reformas hechas a la ley vial era “necesario armonizar las normas reglamentarias con las disposiciones legales”.

Ahora, un año después, autoridades y transportistas vuelven a hablar del Decreto 975; sobre todo tras el accidente registrado la tarde del martes.

Datos oficiales refieren que entre 2014 y 2016 se han registrado 1 136 accidentes a escala nacional por daños mecánicos en los vehículos (automóviles, buses, camiones, etc.).

EL COMERCIO consultó al director de la ANT, John Hill Peña, si la entidad solicitará al Presidente la revisión del Decreto Ejecutivo 975, pero el funcionario se limitó a responder que los controles seguirán tal como están hasta ahora.

¿Qué ha pasado en el país tras la disposición del Ejecutivo? ¿Las ciudades han acatado la resolución? Este Diario habló con la Asociación de Municipalidades del Ecuador y allí el equipo técnico y de planificación confirmó que la aplicación rige a escala nacional.

Actualmente, Guayaquil mantiene las dos inspecciones técnicas por año. El viernes, a través de un correo electrónico, la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) de esa ciudad respondió que esto se resolvió tras aprobar, por unanimidad, una ordenanza local.

En el 2016, cuando Correa firmó el decreto, Andrés Roche, gerente de la ATM, ya había advertido que no lo acatarán. ¿La razón? “La seguridad de los usuarios y por el uso intensivo de las unidades”.

Y aclaró que “dentro del concepto de autonomía y al tener la competencia en tránsito” pueden fijar su propia política de revisión vía ordenanzas.

Quito, en cambio, sí dio paso a la resolución del Ejecutivo, según confirmaron voceros del Municipio de la ciudad.

Desde el 2016, las unidades del transporte público solo son inspeccionadas una vez al año y se aplica el mismo cronograma que el de los vehículos particulares; es decir, en febrero inician unidades con placa 1 hasta llegar a noviembre, a los automotores con placas cero.

El concejal Carlos Páez (Alianza País) conversó con este Diario y recordó que la capital también podía no acatar el Decreto 975, al tener la competencia total en tránsito.

El edil reconoció que haber aceptado la disposición del Presidente es una “regresión” para la ciudad y aclaró que lo ideal era mantener el esquema de dos controles por año que regía desde el 2003 y que ha dado buenos resultados en la seguridad vial y en la reducción del impacto ambiental.

“Es absolutamente razonable que mientras más recorre una unidad, más periódicas deban ser las revisiones. Por eso la doble inspección anual es una medida técnica recomendable”, aclaró Páez.
De hecho, en la región los chequeos al transporte públicos son rigurosos. Chile, por ejemplo, analiza trimestralmente las unidades. Colombia, Costa Rica o México, en cambio, lo hacen cada seis meses.

En Argentina, los controles se ejecutan cada cuatro meses, a partir de los 10 años de vida útil del vehículo.

Mario Villagómez, docente de la maestría en Transporte de la Universidad Católica, advierte que la tendencia en el mundo es totalmente opuesta a lo que ocurre en el país.

“Si no hay un control estricto, vamos a tener problemas como los que vimos el martes en Guayllabamba”, señala.

De ahí que propone que las inspecciones técnicas se tomen en cuenta según el kilometraje de las unidades y no por períodos.
Datos oficiales refieren que en Quito un bus recorre, en promedio, hasta 65 900 km cada año, pero pueden alcanzar los 100 000 km. Recorrido similar tienen los taxis. Es decir, hasta siete veces más que los automóviles particulares.

Pero, ¿qué dicen los transportistas? ¿Es suficiente una inspección por año? Abel Gómez, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador (Fenacotip), considera que sí. “Hoy por hoy, las revisiones son pan de cada día para nosotros. Tenemos que cumplir con las inspecciones en terminales, dentro de las cooperativas y en los centros oficiales”, señaló.

La ANT también dice que el control técnico no es el único y que hay vigilancia en las 63 terminales terrestres del país.

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