26 de febrero de 2017 00:00

Polémica por consumo de drogas solo en casa

Un grupo de jóvenes consume drogas en una esquina situada en el sur de Quito.
 Foto: Paúl Rivas / EL COMERCIO

Un grupo de jóvenes consume drogas en una esquina situada en el sur de Quito.
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Javier Ortega

Cae la noche en Quito y las calles quedan vacías. Es jueves y en una esquina del sur de la ciudad dos jóvenes se apoyan sobre la pared, conversan y lanzan bocanadas de humo. No pasa ni un minuto y se pierden entre los callejones
.

 A 20 minutos de ese lugar, en La Mariscal, otro grupo de chicos charla afuera de un bar. El olor a marihuana invade el espacio. A una cuadra de ellos hay tres policías, pero no se acercan. Los agentes saben que el consumo no es un delito.


Eso puede cambiar. La Comisión de Justicia de la Asamblea analiza un paquete de reformas al Código Integral Penal (COIP) y una de las propuestas es que el consumo de drogas sea solamente en casa.


Para quienes lo hagan en los espacios públicos (parques, cerca de centros educativos o religiosos, lugares de trabajo), la propuesta dice que podrán ir a la cárcel de uno a tres años. 


¿Es viable aplicar esta reforma? Marisela Saltos, una docente universitaria que ha analizado el fenómeno de las drogas desde el 2010, no lo ve factible. “Los padres no van a aceptar que sus hijos consuman frente a ellos.
La propuesta es una incongruencia total. La familia es el modelo de la sociedad”.


Para reforzar su argumento, la académica cita una investigación que lideró en la Universidad Estatal de Milagro. Los datos de ese estudio revelaron que los jóvenes mayores de 18 años usan estupefacientes en fiestas, afuera de bares, discotecas o karaokes, entre amigos, en la universidad o cerca de casa. Ningún entrevistado dijo hacerlo en la vivienda.

“Este es un problema de salud pública, no se soluciona encarcelando a quienes tienen dependencia”, aclara Saltos.


Eso consta en el artículo 364 de la Constitución. Allí se dice que al Estado le corresponde ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores y “en ningún caso se permitirá su criminalización”. 


Andrés, un chico de 28 años, se considera un usuario habitual de cannabis. Fuma desde que cumplió la mayoría de edad. Dice que lo hace cuando va a fiestas, dentro de su auto o con amigos y que no dejará de consumir por esta reforma.
 “¿Cómo van a controlarnos? ¿Pondrán policías en cada esquina? Es imposible”, asegura.


Cristina también cree eso. Ella fuma marihuana desde los 23 años. Actualmente tiene 29, pero aún vive con sus padres. Por eso comenta que es “muy difícil” que consuma en casa. “Ese rato me botan, sin duda”.


La noche, los callejones desolados o sitios con poca presencia policial son usados para consumir narcóticos. El jueves, antes de las 22:00, dos jóvenes permanecían sentados en la resbaladera de un parque del sur de Quito. A lo lejos se veían capas de humo.


“A veces eso también es riesgoso. Hay gente que se acerca y te quiere robar”, cuenta Daniel, un muchacho de 28 años.


¿Pero qué piensan en el Legislativo sobre la propuesta? El viernes, EL COMERCIO entrevistó a Gina Godoy, asambleísta de Alianza País e integrante de la Comisión de Justicia, donde se analiza el texto.
 La legisladora señaló que la reforma sí es viable y que intenta “cortar de raíz” a aquellos microexpendedores que alegan ser consumidores para no ser detenidos; y, de esa forma, evitar que los adolescentes caigan en la adicción.


Esto también señala el Mandatario en la propuesta. El Jefe de Estado asegura que el COIP, vigente desde agosto del 2014, permitió portar narcóticos para uso personal en mínimas cantidades, pero reconoce que a raíz de eso “se ha hecho común observar a expendedores escudarse en el uso personal para cargar sustancias de manera impune” y venderlas a los alumnos afuera de planteles.  “Eso no puede persistir”, dice.


Datos de la última encuesta nacional sobre uso de drogas en estudiantes de 12 a 17 años refieren que el 16,1% de los adolescentes consigue estupefacientes en la calle o en los alrededores de sus colegios.


Aunque para los menores que consumen estupefacientes no existe prisión, la mayoría de ellos, un 71%, admite que lo hace en fiestas, calles, parques o en conciertos.

De aprobarse la reforma tal como está, Godoy recuerda a los chicos mayores de 18 años que el desconocimiento de la ley no eximirá el delito. “Si se encuentra a una persona portando drogas y dice que es consumidora, pues será tratada como adicta, pero igual tendrá una responsabilidad penal. Hay que poner mano firme”.


Es decir, el consumidor deberá asumir al menos la pena más baja, que es de un año, advierte la legisladora oficialista.


En el bloque de AP incluso hay consenso para aprobar el proyecto en este período legislativo; es decir antes del 10 de mayo próximo. Cuatro días después está previsto que se posesione la nueva Asamblea.


La Comisión de Justicia no descarta convocar a la Policía para conocer su punto de vista.


El viernes pasado, este Diario se contactó con altos oficiales de esa institución, pero señalaron que no se pronunciarán hasta conocer detalles de la reforma. Sin embargo, dicen que las estrategias aplicadas han reducido el expendio afuera de colegios. Por ejemplo, los sistemas de videovigilancia.


Mientras este tema se analiza en la Asamblea, la rutina en la calle sigue igual. Grupos de jóvenes consumen drogas sin temor a posibles redadas.


La Foch, el epicentro de diversión de Quito, es una muestra de ello. La madrugada de ayer, por las calles de esa zona, un fuerte olor a marihuana se mezclaba con el del tabaco. Los agentes solo observaban a los chicos y seguían su camino.

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