3 de abril de 2018 13:22

'El plan evidencia una oxigenación', pero aún preocupan algunas medidas, dicen empresarios

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Patricia Carolina González
Redacción Negocios

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El sector de exportadores mira con optimismo el plan presentado por el presidente Lenín Moreno la noche del lunes, 2 de abril del 2018, en su informe de labores habitual.

El Jefe de Estado anunció un paquete de 14 medidas que no incluye alza de tributos, pero sí de aranceles y mayor eficiencia en la recaudación y el gasto público.

El programa plantea un alza de aranceles de hasta 375 partidas de bienes de consumo importadas hasta el techo establecido por la Organización Mundial de Comercio.

Incluye además beneficios tributarios para empresas como la devolución de los impuestos a la exportación siempre que las empresas demuestren ingreso neto de divisas, la reducción progresiva del impuesto a la salida de divisas a medida que mejore la balanza de pagos privada, la eliminación del cálculo actual del anticipo del impuesto a la renta desde el ejercicio fiscal 2019, entre otras.

'El plan evidencia una oxigenación', pero aún preocupan algunas medidas, dicen empresarios. Foto: EL COMERCIO

El paquete, en su conjunto, generó “optimismo” entre el sector exportador, porque “vemos que hay oxigenación” de las medidas en materia de política económica, señaló Daniel Legarda, presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor).

El directivo considera positiva la señal del Estado de emprender medidas para la reactivación productiva basada en el sector privado. Eso marca una línea distinta a lo que se veían proponiendo. Además, el plan recogió varios pedidos de los gremios.

Sin embargo, también existen medidas que se ven con cautela y que deben ser analizadas, dijo Legarda.

Sin embargo, dijo que preocupa que permanezcan algunos conceptos como medidas para equilibrar la “la balanza de pagos” porque terminan por encarecer la producción de las mismas exportaciones, ya que se revisa aranceles de productos importados.

Anotó que estarán atentos a que no se incluyan bienes de consumo en el listado.

Los gremios empresariales manifestaron sentirse satisfechos con buena parte de las medidas anunciadas en el plan económico del Gobierno.

“Está bien enfocado, procura un cambio en el modelo de desarrollo, reconociendo que se debe dar el protagonismo correspondiente al sector privado, que es indispensable el equilibrio en las finanzas públicas y la reducción del tamaño del Estado”, considera Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano.

No obstante, señala que mantienen sus reservas con el incremento de aranceles en 375 subpartidas de bienes de consumo, hasta los techos permitidos por la Organización Mundial del Comercial (OMC), detallado el 3 de abril por la ministra de Finanzas, María Elsa Viteri.

“Una reactivación económica necesita también consumo y desde el momento mismo que se eleva el valor de estos bienes se desestimula la demanda y el consumo”, subraya Aspiazu.

No obstante para los medianos y pequeños empresarios esta medida no va a generar un impacto negativo en el consumidor final, puesto que se trata de productos que también se producen en Ecuador y que además contribuyen a precautelar la balanza de pagos. “Pero algo ayuda a que las importaciones disminuyan”, reconoce Christian Cisneros, director de la Cámara Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa (Canape).

En relación a la disminución del tamaño del Estado y el gasto público, a Cisneros le preocupa que el desplazamiento de mano de obra en el sector público pueda generar una disminución en el consumo. “Eso un círculo vicioso que también termina con desplazamiento de mano de obra en el sector privado”.

“Está bien que disminuyan la carga burocrática, pero también es importante que apoyen mecanismos de sostenibilidad en obra pública, en el sector productivo no todas las empresas son exportadoras”, añadió el representante de la Canape.

Cisneros propone que se abra el capital de las empresas para inversión en la bolsa y que esto pueda ser deducible del impuesto a la renta. Considera que a su vez los empleados del sector público que queden sin trabajo pueden invertir su capital en acciones de las pequeñas y medianas empresas, lo que les generaría rentabilidad.

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