4 de junio de 2014 21:36

La carretera en el bloque 31 genera polémica

El investigador Massimo De Marchi presentó ayer las fotos de la carretera en el Bloque 31. Foto: EL COMERCIO

El investigador Massimo De Marchi presentó ayer las fotos de la carretera en el Bloque 31. Foto: EL COMERCIO

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Alberto Araujo.  Redactor

Una investigación presentada la tarde de ayer por catedráticos extranjeros reveló al menos tres supuestas transgresiones de Petroamazonas a la licencia ambiental otorgada para explotar el Bloque 31.

El Ministerio del Ambiente, sin embargo, cuestiona la metodología usada en el trabajo.
En la investigación realizada desde septiembre del 2013 hasta mayo pasado participaron los catedráticos de la Universidad de Pádova (Italia) Massimo De Marchi, Salvatore Pappalardo y Francesco Ferrarese, y el PhD en Ecología, Matt Finer, de Estados Unidos.

En ella se planteó la pregunta de si Petroamazonas construyó un sendero ecológico o una carretera petrolera en el Bloque 31, como lo contemplaba el Estudio de Impacto Ambiental.

Según Matt Finner, en la licencia ambiental que emitió el Ministerio del Ambiente en el 2007 a favor de Petrobras para la explotación del Bloque 31, se rechazó la idea de construir una carretera y solo se aprobó el trazado de un sendero ecológico con un ancho de 10 metros.

No obstante, la investigación basada en 200 kilómetros cuadrados de fotos satelitales de la zona revela que en más de 20 kilómetros de extensión de la vía del bloque, en el interior del Parque Yasuní, el ancho alcanza un promedio de 26 metros.
De toda la extensión, menos del 6% de la vía cumple con la condición establecida en la licencia ambiental, mientras que el 94% restante “viola los estándares del Estudio de Impacto Ambiental” aprobado por la Cartera de Estado.

“En otras palabras, la anchura media del corredor de flujo dentro del parque es 2,5 veces superior a lo aprobado en el Estudio de Impacto Ambiental, y más de 1,5 veces superior a lo que se describe en el Estudio de Impacto Ambiental como destructivo y no viable”, sostiene la investigación presentada ayer en la Universidad Andina.

Adicionalmente, esta detalla que en uno de los puntos de la carretera denominado el valle del Pindoyacu, el ancho de la vía llega hasta los 60 metros, debido a que el sector está caracterizado por amplias zonas inundadas y pantanos.

Massimo De Marchi detalló además que en el sector se registran 36 cruces de cuerpos de agua diseñados para autos y durante la toma de las fotografías satelitales se identificó la circulación constante de 26 vehículos, lo cual contrasta con la idea de sendero ecológico aprobada en el Estudio de Impacto Ambiental.
Un segundo presunto incumplimiento sería el área deforestada dentro del bloque.

Según la investigación, el Ministerio del Ambiente aprobó una deforestación de 47,33 hectáreas del bloque dentro del Parque Yasuní y hasta el momento se han deforestado 63,64 hectáreas, es decir, un 34% más de lo permitido.

Esta deforestación estaba permitida para la construcción de la línea de flujo y los corredores de oleoducto, las plataformas de perforación, los muelles y la planta de procesamiento de crudo.
Finalmente, en las fotografías satelitales se registra la construcción de una cantera en el interior del parque Yasuní, pese a que no lo contemplaba el Estudio de Impacto Ambiental.

Para De Marchi estas presuntas irregularidades demuestran que no ha existido un adecuado monitoreo de la autoridad ambiental en esta área altamente sensible por su biodiversidad, luego de autorizarse la explotación petrolera.

Matt Finer sostuvo que el hecho es un precedente negativo para lo que pueda suceder con el Bloque 43 o Bloque ITT cuya explotación también está a cargo de Petroamazonas y fue autorizada por el Ministerio del Ambiente en semanas pasadas.

En un comunicado enviado la noche de ayer, el Ministerio del Ambiente indicó que esta información “carece de todo el rigor científico” puesto que además de fotografías satelitales de alta resolución, es necesario utilizar otros datos cartográficos e históricos que le den mayor precisión y exactitud a sus conclusiones.

Los datos que presenta este informe deben sujetarse a verificación, a través de la contrastación con información oficial de esta Cartera de Estado, indicó el comunicado.

Además, “es evidente que el informe hace aseveraciones falsas en cuanto al Estudio de Impacto Ambiental de 2007 para el bloque 31 y presenta resultados claramente sesgados que lesionan la gestión del Ministerio de Ambiente en cuando a los controles ambientales que por Ley realiza.”, indicó el Ministerio.

Anoche, el Ministerio del Ambiente indicó que la información “carece de todo el rigor científico” puesto que además de fotos satelitales de alta resolución, es necesario utilizar otros datos cartográficos e históricos que le den mayor precisión a sus conclusiones. “Los datos de este informe deben sujetarse a verificación, a través de la contrastación”.

Además, “es evidente que el informe hace aseveraciones falsas en cuanto al Estudio de Impacto Ambiental de 2007 para el bloque 31 y presenta resultados claramente sesgados”.

En contexto

El Bloque 31 se ubica en Orellana junto al ITT en el Yasuní. Inicialmente estaba a cargo de Petrobras, empresa a la que se otorgó la licencia ambiental para su explotación. En el 2009 pasó a manos de Petroamazonas, firma que lo puso a producir el año pasado.

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