9 de junio de 2016 13:37

En Quito, 40 personas buscan que multas de tránsito en su contra queden sin efecto

Los usuarios demandantes piden que las multas que les han impuesto queden sin efecto, debido a que no fueron notificados sobre las supuestas infracciones. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

Los usuarios demandantes piden que las multas que les han impuesto queden sin efecto, debido a que no fueron notificados sobre las supuestas infracciones. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

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Redacción Seguridad
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40 personas aún buscan dejar sin efecto las multas viales que los agentes les interpusieron. Por ejemplo, el martes 7 de junio del 2016, a las 09:30 en la Unidad Judicial de Tránsito se llevó a cabo la audiencia para tramitar la demanda que plantearon en contra del Municipio, la AMT.

La acción legal fue presentada el 9 de mayo, donde se solicita la nulidad de las multas porque supuestamente el aviso llegó fuera de tiempo.

Fausto Miranda, supervisor de la AMT, manifestó anteriormente que no se violó ningún derecho y que las multas son notificadas dentro de los tres días establecidos por esa ley.

Las partes involucradas dieron sus versiones de los hechos. Danny Gaibor, abogado de los demandantes dijo que se violó la ley y solicitó al juez Víctor Romero que el miércoles de la próxima semana se le permita presentar las pruebas a favor de sus clientes. Esa petición fue aprobada y Gaibor la calificó como “un avance bastante grande”.

Marco Espín, una de las 40 personas multadas, manifestó que tiene tres taxis y un auto particular. Él aseguró que tiene multas desde septiembre de 2015.

Hace 20 días, cuando fue a matricular uno de sus vehículos se enteró de las sanciones, es decir, después de ocho meses,
“Yo tuve que ir a ver a la Inglaterra y Amazonas (norte de Quito) para saber de qué se trataba, qué vehículo cometió la infracción”, expresó. Adeuda USD 780.

“Tuve un cliente que fue multado por cometer efectivamente una infracción, pero discutió con la agente. Después le mandó unas tres citaciones adicionales sin haber cometido infracción alguna. Entonces, prácticamente, están haciendo tabla rasa de la ley”, dijo Espín.

La parte demandada se ratificó en su posición de que se ha respetado la ley y explicó que el 20% de avisos por infracciones que no llega a los usuarios se debe a la falta de actualización de sus datos en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), como dirección, e-mail o teléfono.

Por eso, desde enero de este año se empezó a recolectar información durante la revisión vehicular de cada conductor, para evitar inconvenientes.

Danny Gaibor dijo que los representantes de las instituciones demandadas no tuvieron argumentos que rebatir y aseguró que se “pudo probar la vulneración de los derechos constitucionales” de las 40 personas.

“Durante la audiencia dijeron cosas irrelevantes como por ejemplo que la ANT no es juez”, expresó Gaibor. “Hemos probado que se han entregado contabilizaciones de tránsito de cinco meses, un año o mucho más; hemos probado también que hay muchos conductores que están perjudicados por este caso que ya han pagado sus multas y no les han notificado siquiera. Entonces les han quitado derecho a ser considerados inocentes” .

El juez Víctor Romero solicitó a la AMT un informe donde se especifique en qué forma fueron notificados sobre las multas los afectados y si fueron sancionadas o no cada una de las infracciones. La idea es conocer si las personas que fueron notificadas con las sanciones y si las pagaron antes o durante el proceso de matriculación.

El miércoles 7 de junio a las 10:30 se sabrá el fallo, donde serán claves las pruebas de existencia o no de violación de derechos constitucionales, para el dictamen respectivo.

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