9 de April de 2011 00:00

Persona non grata

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jayala

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El martes pasado, la ciudadanía conoció, con sorpresa, la decisión del presidente Correa de declarar persona non grata a la Embajadora de los Estados Unidos y de pedirle que abandone nuestro país lo antes posible. La víspera, un diario español publicó un informe secreto de la diplomática, dirigido a su gobierno, en el que se refiere a la corrupción generalizada de la Policía ecuatoriana y, en particular, de uno de sus jefes, lo que, según algunos funcionarios, no era desconocido por Correa cuando procedió a designarle.

El ministro Patiño justificó la medida aduciendo que buscaba defender la dignidad presidencial. Añadió que la decisión no estaba dirigida contra el Gobierno de los Estados Unidos sino contra la persona de la Embajadora, a quien el presidente Correa calificó de fundamentalista y de quien dijo haber sospechado siempre.

La declaratoria de persona non grata es la medida más dura que se puede adoptar en el campo diplomático. No afecta solamente al funcionario sino al Estado al que representa, que no puede permanecer indiferente.

La Cancillería pudo haber adoptado gradualmente otras medidas para expresar su desagrado.

Por otro lado, no cabe olvidar que todo diplomático está obligado a entregar a su Gobierno informaciones objetivas y analíticas sobre el país en el que se encuentra acreditado. Su correspondencia está protegida por el derecho internacional y no está destinada a ser publicada. Ocultar opiniones propias o ajenas sobre temas delicados sería ofrecer a su gobierno un informe incompleto o falso. Por supuesto, los diplomáticos deben también actuar siempre con mesura y prudencia.

Ante esta nueva condenable e ilegal filtración de Wikileaks, el Gobierno ecuatoriano reaccionó con precipitación. Para rechazar lo que se consideró una ofensa a la dignidad presidencial, se debió actuar con serenidad y proporción, teniendo presentes, en primer lugar, los intereses del país.

Washington ha respondido declarando persona non grata al Embajador ecuatoriano y suspendiendo el diálogo político previsto para junio, lo que configura una crisis cuya solución puede demorar. El presidente Correa anunció que gestionará la solidaridad de Unasur, mientras Patiño dijo que las relaciones bilaterales siguen normales, a nivel de Encargados de Negocios. Dejando de lado la contradicción implícita, la crisis tendrá repercusiones. Además de la suspensión del diálogo, podrían verse afectados el turismo, las inversiones y la situación de los inmigrantes ecuatorianos. Algunos miembros del Congreso norteamericano han sugerido que las preferencias Atpdea no se renueven para Ecuador. Si ocurriera, se podrían perder miles de puestos de trabajo, sobre todo, de mujeres campesinas que laboran en flores y legumbres que se exportan a los EE.UU.

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