Los permisos para los negocios de Santo Domingo de los Tsáchilas y Esmeraldas cuestan más
Intendencia Santo Domingo.
En marzo de cada año, los negocios regulados por el Ministerio del Interior deben renovar sus permisos anuales de funcionamiento.
Esta normativa que data desde el 8 de marzo de 1979 consta en el Decreto Supremo 3310-B, pero a partir de marzo del 2015, la emisión de este documento tiene un nuevo costo para las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas y Esmeraldas, en el occidente y costa del Ecuador.
Según el Ministerio del Interior, en estas dos provincias no se aplicaban nuevos valores debido a una medida cautelar que beneficiaba a los propietarios de bares, karaokes, licoreras y sitios de tolerancia. Con la vigencia de un Acuerdo Ministerial, el costo de los permisos se calcula en función de cuatro categorías que van de la escala del 1 al 4. En la primera están los sitios de tolerancia para los cuales el permiso costará USD 499,88. En la segunda, donde constan bares, karaokes, discotecas, salas de juego y cantinas, el valor será de 249,88 dólares.
Para los restaurantes, cafeterías, picanterías, billares, que no venden licores, el precio es de USD 49,88. El valor para los minimarquets y tiendas de abarrotes, que están dentro de la categoría 4, será de USD 19,88. Hasta antes de esta nueva disposición, los permisos solo tenían dos valores: USD 250 y USD 15.
En Santo Domingo los locales catastrados para obtener esta autorización son 2 608, mientras que en Esmeraldas son 5 539. Entre los requisitos para obtener las autorizaciones están el Registro Único de Contribuyentes, patente municipal, permiso del uso del suelo, permiso del Ministerio de Salud, Cuerpo de Bomberos, Turismo, Gestión de Riesgos... Además, la copia de la cédula, papeleta de votación y certificado del permiso anterior.
El intendente General de Policía de Santo Domingo, Ronald Pilamunga, dijo que los permisos deben ser retirados durante todo el mes de marzo por los dueños de negocios a fin de que en los operativos no se sientan perjudicados por una eventual clausura.
Yisela Quiñónez, intendenta en Esmeraldas, señaló que se informó a los empresarios sobre las disposiciones y que en caso de reclamos no sería un justificativo argumentar la falta de información.
Cuando procede la clausura de los negocios, las sanciones van de ocho días a un mes con una multa de USD 100. Lucy Tenorio, dirigenta de la Asociación de Bares y Discotecas de Esmeraldas, indicó que en los controles es necesario que no se llegue a excesos porque se termina perjudicando la economía. Para Viviana Espinosa, presidenta de los bares en la provincia Tsáchila, aún falta aclarar cuáles son los negocios supervisados por el Ministerio del Interior y Ministerio de Turismo.