21 de octubre de 2014 13:25

‘Tasas de 37 municipios pueden paralizar el servicio de internet’

Asetel

Los titulares de Asetel y Aeprovi realizaron este martes 21 de octubre una rueda de prensa. Foto: EL COMERCIO

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Redacción Negocios

La Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel) y la Asociación de Empresas Proveedoras de Servicios de Internet (Aeprovi) manifestaron su malestar por el cobro excesivo de tasas para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, como el uso de los cables de comunicaciones, antenas parabólicas para televisión satelital, radio bases de telefonía móvil, entre otros, por parte de 37 municipios del país.

Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) de provincias como Guayas, Manabí, Los Ríos, Bolívar y Santa Elena cobran hasta 297 Salarios Básicos Unificados (SBU) por el arrendamiento de terrenos para la instalación de antenas, por frecuencias, entre otros casos.

Mientras que en el caso de ciudades más grandes como Quito, Guayaquil o Cuenca, los GAD cobran entre uno y cuatro salarios básicos.

Los titulares de Asetel y Aeprovi realizaron hoy, martes 21 de octubre, una rueda de prensa para informar que los servicios de telecomunicaciones como Internet “corren el riesgo de de una paralización inminente” si no se realizan los correctivos.

Roberto Aspiazu, director Ejecutivo de la Asetel, señaló que el perjuicio a las operadoras privadas asciende a más de USD 20 millones. Otra de las empresas perjudicadas es la proveedora de Internet Telconet, a la que se le ha descontado unos USD 4 millones, según Aspiazu.

Francisco Solórzano, presidente de Aeprovi señaló que este tipo de “cobros desproporcionados iniciaron en el 2011, con los municipios de Chimbo (Bolívar) y Atacames (Esmeraldas). Mientras que los últimos municipios que se han sumado son Manta y Portoviejo.

El principal inconveniente de estas “excesivas cobranzas”, dice Aspiazu, es que se impide el despliegue de red para mejorar el servicio y cobertura de las empresas de este sector. Por ello, esta agremiación pide la creación de políticas públicas para normar estos cobros.

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