20 de November de 2009 00:00

Periodistas y académicos discrepan

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Redacción Política

La propuesta de crear un Consejo de Comunicación como un ente estatal que imponga sanciones administrativas a los periodistas y medios de comunicación, tal como establece el proyecto de ley propuesto por la Comisión Ocasional, genera reacciones encontradas.

Comunicadores y académicos discrepan con la posibilidad de que esta instancia estatal sea la que vigile el cumplimiento de horarios y hasta el contenido de la programación de los medios de comunicación.

Klever Chica, vocero de la Asociación Ecuatoriana de Radio y Televisión, ve difícil que este Consejo tenga la posibilidad técnica de verificar, por ejemplo, que las más de 1 000 estaciones de radio cumplan con la obligación de difundir programas producidos en el país. “El proyecto contiene propuestas que en la práctica no podrán ser cumplidas por esta nueva entidad”, comenta el radiodifusor.

Por ello considera que los asambleístas durante la aprobación en el Pleno del organismo legislativo deberían revisar estas propuestas. “Los radiodifusores fuimos los primeros en cuestionar la creación e integración de este Consejo que tendrá, en su mayoría, delegados del Gobierno”, insiste.

Desde la academia, Marco Villarruel, director del Instituto de Investigaciones de la Comunicación de la Universidad Central del Ecuador, considera que -más allá de las posiciones de los propietarios de los medios- este consejo debe tener atribuciones reguladoras. “De nada servirá una entidad que no regule ni vigile que los medios cumplan con la ley”, sostiene.

También opina que el Consejo debe tener más representación ciudadana y menos presencia de delegados gubernamentales. “También deberían tener representación los propietarios de los medios de comunicación, para que puedan informar sobre las acciones que están cumpliendo”, afirma el catedrático.

Farith Simon, catedrático de la Universidad San Francisco, advierte una confusión entre los comisionados que redactan el proyecto de ley. “Está bien que una instancia estatal regule el aspecto administrativo, pero no los contenidos. Cuando se trata de información que afecta los derechos de las personas, estos casos deben ser conocidos por los jueces correspondientes”.

Simon advierte que estos errores difícilmente podrán ser corregidos en el Pleno de la Asamblea. “Hay una mayoría que responde a un proyecto político”.

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