24 de December de 2009 00:00

Un paso adelante

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Alfredo Negrete T.

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Es posible que el acuerdo parlamentario no se cumpla finalmente, que se desarme en el camino y que cuando llegue la hora, el veto presidencial se imponga y los concertados no logren la mayoría para insistir en los puntos fundamentales. Es posible, pero el análisis -en esta oportunidad- no debe esperar el texto final de la ley, sino analizar las instancias políticas de un proceso que pudo ser aprobada la usanza de Montecristi, pero que  aceptó la vía del  consenso, lo que permite atisbar un paulatino cambio  en el escenario político nacional.
Este proceso ha venido de menos a más.

Partió de la necesidad de cumplir con una disposición constitucional y de la cultivada odiosidad a los medios y a los propietarios de los  mismos; además,  se metió en un mismo saco a la concesión de frecuencias y a los medios escritos que tienen una naturaleza y una historia diferente, pues con eso se granjeaba a las  comunidades indígenas que consideran vital el 33% de las concesiones radiales.  Sin embargo, como siempre  el proceso no siguió exactamente las líneas maestras del proyecto y se dieron giros inesperados.

En primer lugar  se conformó una comisión especialísima con una mayoría cuantitativa pero no cualitativa del oficialismo. Grave error, pues se privilegió el fundamentalismo y la intransigencia provocando agrios debates y causando que la opinión pública indague sobre peligrosos contenidos; mucho más, después del perverso añadido para manipular administrativamente las responsabilidades ulteriores de los periodistas.

Luego vino lo  obvio y que tendrá en la historia de ley muchísima trascendencia. Al unísono, sobre los principales capítulos de la libertad de expresión, la Unesco, la relatoría de la OEA y de la ONU manifestaron su criterio e hicieron recordar que  la Constitución, en caso de conflictos sobre derechos fundamentales de las personas, dispone que prevalezcan  los tratados internacionales suscritos por el Ecuador.

En estas condiciones llegó el acuerdo político de la mayoría de los representantes de los bloques, con excepción de los socialcristianos  y de la Izquierda Democrática, que debe suponerse no están aliados con la Presidencia de la República, sino que posiblemente se entretuvieron con algún árbol y perdieron la perspectiva del bosque.

Es probable que mancillen el acuerdo, pero la historia registró un hecho político inédito  y que debe repetirse para bien de la democracia. Es de esperar que la Comisión de la OEA en base al artículo 41 del Pacto de San José pida una copia certificada del acuerdo legislativo al que llegaron la gran mayoría de los bloques.  En algún momento podrá ser importante para alguna dirigencia que tenga que ejercer la Corte Interamericana entre la libertad de expresión y la legislación del Estado al respecto.

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