Uno de los argumentos recurrentes que emplean los conductores de autos en Quito cuando estacionan en lugares prohibidos es la ausencia de parqueaderos donde puedan dejar los vehículos sin el peligro de que los roben o desmantelen.
Esa actitud, que denota una escasa cultura ciudadana para respetar los espacios públicos y un vacío de políticas municipales, incide directamente en los graves problemas de movilidad que atraviesa la capital desde hace una década, cuando empezó a crecer de manera vertiginosa el parque automotor.
Sin pensar demasiado en las necesidades y en los derechos de los demás ciudadanos, los conductores dejan sus automóviles en cualquier espacio libre en las principales calles de la ciudad, especialmente de lunes a viernes entre 08:00 y 17:00.
Las consecuencias de esa falta de respeto son evidentes: los dos carriles se convierten en uno y los vehículos que deben pasar por esas calles lo hacen de manera lenta y congestionan el paso.
A eso se suma que muchas empresas y en algunos casos instituciones públicas y privadas, invaden las veredas para convertirlas en parqueaderos especiales con restricciones para los transeúntes, con dificultades para la circulación de otros automotores y con insólitas normas de exclusividad. Incluso se llega al extremo de poner un precio al uso del espacio como si repartir puestos y cuidar autos fuera negocio privado, cuando lo lógico sería ofrecer ese servicio en sitios apropiados, con suficientes garantías de seguridad y, por supuesto también, con tarifas razonables.
La nueva administración municipal tiene un enorme desafío en este tema si realmente quiere solucionar, a largo plazo, la crisis de la movilidad en Quito.