31 de julio del 2015 00:00

El paro nacional refleja la división en la Conaie

Indígenas paro

Jorge Herrera (der.) y Severino Sharupi son dirigentes de la actual Conaie que convoca a la movilización del domingo. Delia Caguano, Antonio Vargas y Miguel Lluco (izq.) son dirigentes indígenas que se muestran a favor del Gobierno. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

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Ana Guerrero
Redactora (I)
politica@elcomercio.com

La movilización indígena, el primer paso concreto para el paro nacional, convocado para el 13 de agosto, saldrá el domingo. A dos días de este hecho, hay un nuevo intento desde el Gobierno para dialogar con los sectores sindicales. Esta vez, la invitación llegó desde la Asamblea. Pero, por parte del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), el llamado se rechazó. Esta organización es una de las principales promotoras de la paralización.

La respuesta se sustentó en que no dialogarán con delegados del presidente Rafael Correa. Para el presidente del FUT, Pablo Serrano, el Mandatario “tiene que convocar a un diálogo serio con una agenda programática. No nos vamos a prestar para que nos tomen la foto y que digan que ya estamos reuniéndonos cuando sabemos que la intención es desarticular las acciones como es el paro”.

La convocatoria la hizo la Comisión de los Trabajadores y la Seguridad Social del Legislativo, junto con la Comisión de Enmiendas. También se invitó al Parlamento Laboral, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y a otras organizaciones sindicales.

El Gobierno ha sacado todo su contingente para insistir en el diálogo. Aunque las críticas siguen siendo que las mesas de trabajo son condicionadas o solo con las organizaciones afines al Régimen. En Quito, por ejemplo, el trabajo en campo no ha parado y han salido a los barrios asambleístas y concejales de Alianza País.

Aún falta que algunas agrupaciones se pronuncien si se adhieren o no a las movilizaciones. La decisión depende de su postura frente al Régimen. Hoy, por ejemplo, se espera la decisión de los jubilados luego de que elijan a su nueva directiva.

La Federación Médica es una de las agrupaciones que pese a que ha protagonizado marchas y manifestado su apoyo al paro “del pueblo”, no se cierra al diálogo y piden que, entre otros temas, reciban su propuesta de Código de la Salud.

La división más notoria es la que existe en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Su dirigencia está en el bando de los contrarios al Régimen. Pero, también ha sido cuestionada. Ángel Morocho, presidente de la comunidad de kichwas de Zamora, dijo que algunos de los miembros del Consejo de Gobierno no consultaron a las bases indígenas
De parte de las cabezas de la Conaie, en cambio, se aseguró que la decisión de la movilización indígena fue aprobada en la asamblea anual, realizada el 17 y 18 de este mes.

En el grupo de los defensores declarados del Gobierno de Correa, están, así lo aseguraron sus titulares, organizaciones como Nacionalidad Shuar de Pastaza, Nacionalidad Andoa, Movimiento Indígena de Tungurahua, entre otras. La única certeza que hicieron pública es, como indicó Delia Caguana, presidenta del Movimiento Indígena de Chimborazo, defenderán el proyecto político del Gobierno.

Sin embargo, pese a que Vinicio Nantip, de la Federación Shuar de Zamora Chinchipe, anunció que 8 000 soldados arutam “están listos para defender al Régimen y llegar a Quito”, no aseguró que habrá una contramarcha. La única concentración ya definida será en Quito, el 9 de agosto, para celebrar los 25 años del levantamiento indígena en el país.

El sitio de la reunión tampoco fue revelado. Eso sí, según Caguana, será una fiesta y luego los participantes retornarán a sus diferentes comunidades. Se espera que la marcha opositora al Régimen llegue a Pichincha el 10 de agosto.

Por otro lado, los sindicalistas anunciaron que se guardarán las espaldas, ante el calificativo de la ilegalidad que podría tener el paro. Desde el Frente Popular, por ejemplo, su presidente, Nelson Erazo, anunció que “no vamos a caer en elementos que permitan que seamos sancionados y acusados de sabotaje”.

Para prevenir procesos legales, los trabajadores participarán en la protesta según sus jornadas laborales, por lo que no se suspenderán los servicios.

El presidente Correa, en un diálogo con tres periodistas extranjeros, mencionó que de darse una verdadera paralización nacional, en un día, la pérdida para el país sería de unos USD 2 500 millones. Recordó que no se han unido gremios como los transportistas.

“El paro no tendrá mayor respaldo (...). Pueden hacer marchas, pero el paro en el sentido de parar actividades es ilegal”.

La Unión Nacional de Educadores tampoco interrumpirá su jornada. En el régimen Sierra y Amazonía, no tendrán necesidad, pues los estudiantes se encuentran en vacaciones. En la Costa, los maestros laborarán regularmente y se unirán al paro luego de sus tareas. Esta organización, según su titular, Rosana Palacios, cuenta con 100 000 miembros.

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