3 de mayo de 2017 18:12

Paramilitarismo se expandió en Colombia tras acuerdo de paz

Colombia firmó nuevo acuerdo de paz con las FARC. Foto:  AFP

Juan Manuel Santos reiteró que su Gobierno no permitirá que el partido político que sea creado por las FARC tras la desmovilización y desarme de sus miembros sufra ataques. Foto Archivo: AFP

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Agencia DPA

Los grupos paramilitares y su accionar violento contra líderes sociales y defensores de derechos humanos se han expandido en Colombia después del acuerdo de paz que el Gobierno y las FARC firmaron en noviembre de 2016, según reveló un informe presentado hoy, 3 de mayo de 2017, en Bogotá.

"El paramilitarismo se está expandiendo mediante la sistemática violación a los derechos humanos, con amenazas individuales y colectivas, a pesar de que el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, lo ha negado enfáticamente", indicó el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP).

El organismo, que trabaja de la mano con la ONG Programa por la Paz (PPP), manifestó su profunda "preocupación por el incremento de las amenazas y asesinatos por parte de grupos paramilitares en contra de líderes sociales, campesinos y organizaciones defensoras de DDHH".

"En 2016 se le atribuyen a los paramilitares 550 victimizaciones" en diferentes zonas del país, en donde la injerencia de estos grupos se ha fortalecido principalmente a raíz de la salida de esos territorios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que tenían presencia histórica en dichos lugares.

El texto detalló además que los departamentos más afectados por las violaciones a derechos humanos en el último año fueron Boyacá, Cauca, Valle del Cauca, Norte de Santander, Atlántico, Antioquia, Santander y Chocó. Asimismo, el Centro de Investigación alarmó sobre la aparente participación de miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía en diversas violaciones a derechos humanos como amenazas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales, entre otros.

El abogado y defensor de los derechos humanos, especialista en casos de desaparición forzada, Jorge Molano, dijo durante la presentación del informe en la capital colombiana que en algunas regiones del nororiente del país parece haber un plan "para descabezar líderes sociales". "Alarmamos sobre 80 capturas que la Policía y la Fiscalía tiene preparadas en el departamento del Cesar que demuestran un propósito de persecución sobre las actividades desarrolladas por líderes sociales en el país", explicó Molano.

"A pesar del post acuerdo y el post conflicto al que nos dirigimos, seguimos viendo instituciones de seguridad con una concepción de anulación de la protesta social y la lucha por el respeto a los derechos humanos", agregó el abogado.

Por su parte, director el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP, el padre Javier Giraldo, pidió al Gobierno adoptar las medidas de seguridad y protección necesarias "para los guerrilleros que se desmovilicen"y así evitar lo sucedido con el movimiento de izquierda Unión Patriótica (UP) en los años 80.

La UP surgió de un primer intento de paz entre las FARC y el Gobierno del presidente Belisario Betancur (1982-1986), pero el partido fue virtualmente exterminado por los paramilitares de ultra derecha que asesinaron a unos 5 000 miembros.

El presidente Juan Manuel Santos reiteró este miércoles que su Gobierno no permitirá que el partido político que sea creado por las FARC tras la desmovilización y desarme de sus miembros sufra ataques como los que soportó la UP. "No vamos a permitir que organizaciones criminales amenacen la tranquilidad y la convivencia", sostuvo Santos al anunciar medidas para reforzar la protección a los defensores y activistas políticos.

Los 6 800 miembros de las FARC están concentrados desde febrero en 26 sectores del país, donde se preparan para reincorporarse a la vida legal, y ya iniciaron el proceso de entrega de armas a las Naciones Unidas, que debe concluir antes del 1 de junio. 

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