18 de July de 2009 00:00

El papel, en la mira del Gobierno

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Redacción Política
politica@elcomercio.com

Las declaraciones del secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, quien  habló de la posibilidad de que el Gobierno revise los aranceles para la importación de papel periódico, es vista como un intento de intervenir en los medios de comunicación impresos que mantienen una línea independiente del Gobierno.

El jueves, en una entrevista con la radio del Estado,  el  funcionario comentó  que “habrá que revisar cuántos periódicos imprimen y cuánto importan, porque mucho se habla de que están negociando con un papel subsidiado. Hay que transparentar bien las cosas”.

También dijo que  se deberá analizar si el papel, que es importado libre de impuestos, es utilizado para informar adecuadamente. Mencionó a los diarios El Universo, EL COMERCIO, Expreso y Hoy como posibles beneficiarios.
 
Históricamente este tipo de papel no ha pagado impuestos ni aranceles por su importación. La razón es que no se  produce en el país.
Los principales países desde donde se importan son Canadá y Chile, entre otros.

Para Alfredo Negrete, director  ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep), la amenaza de subir aranceles o  controlar la distribución de papel puede ser considerada como una “novatada política de un nuevo funcionario del Gobierno”, pero también alertó que  puede responder a una decisión del actual Régimen.

“Eso no se ha especificado, pero ha sido lanzado como un globo de ensayo, probablemente con la intención de amenazar o amedrentar. Eso  no sería nada nuevo porque ya son dos años y medio de amenazas y amedrentamientos”, sostuvo Negrete, quien también es decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de las Américas (UDLA).

La restricción a las importaciones de papel no es un recurso nuevo. Los gobiernos de varios países, como es el caso del PRI, en México y en Venezuela, ya acudieron a esta estrategia.

Negrete recuerda que los medios de comunicación escritos no tienen frecuencias y, por lo tanto, no sufren la espada de Damocles de la  radio y la televisión que, si no cumplen determinadas circunstancias  de tipo político, o si contradicen demasiado al Régimen, simplemente se retiran  las  concesiones de las frecuencias.
 
“Como los diarios trabajan con prensa y papel, siempre hay este recurso o más bien amenaza. En un país como el Ecuador, la amenaza es un pan de todos los días”, insistió  Negrete.
 
El dirigente del gremio consideró que la declaración del Régimen  hay que tomarla con serenidad. “Probablemente sea una novatada que debería  ser corregida oportunamente porque no tiene razón de persistir”.

No obstante, advirtió que las declaraciones de Fernando Alvarado no hay que verlas ni en el ámbito fiscal  ni comercial, sino eminentemente político, en términos de amedrentar en esta lucha sin sentido del Gobierno en contra de la prensa.
 
Jaime Mantilla, presidente de la Aedep, al refutar las declaraciones de Alvarado sobre supuestos  subsidios   para la importación de papel, recordó que  “el Estado no asume ningún costo de la importación de ese tipo de papel ni otro ítem. Jamás ha subsidiado a los periódicos”.

Desde noviembre de 2008 el Gobierno liberó de impuestos a los papeles bond y couché que se utilizan en libros y revistas. Esto luego de un estudio que realizó la Asociación de Industriales Gráficos del Ecuador, dijo su presidente  Mauricio Miranda.
 
Fernando Alvarado ayer evitó cualquier contacto con los medios de comunicación privados. Tampoco se refirió al tema en una entrevista concedida a un portal electrónico y recogida por la versión electrónica del periódico oficial ElCiudadano.com.

Según el funcionario, se está trabajando para que el acceso a la comunicación sea más justo y exista una participación más equitativa, para esto  se potenciarán los medios regionales medianos y pequeños de cantones y provincias, pero “los medios nacionales que han tenido su desarrollo seguirán como están”, acotó.

También  sostuvo que no se va detrás de los medios pequeños, “nosotros vamos tras los ciudadanos que no han tenido acceso a la información de sus localidades  y de sus regiones.

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