10 de June de 2009 00:00

El papel del Estado en la educación es un tema pendiente

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Nadie discute la importancia del Estado en la rectoría de las políticas públicas. Por mucho tiempo se habló de políticas de Estado, pero, en la práctica, fueron meros enunciados sin mecanismos de institucionalización y legitimización. Por otro lado, se observó un divorcio entre los programas sociales y las políticas económicas, que hicieron difícil el seguimiento y el cumplimiento de ciertas metas, especialmente en educación y salud.
 


Algunas condiciones para un cambio responsable
  El cambio en la educación necesita de capital político y la concertación.
Los grupos de poder que actualmente operan en el sistema educativo merecen la atención de la opinión pública.  La política partidista debe salir de la educación.
 La democratización de la educación requiere de un proceso amplio de participación -por la vía de los consensos-  y el primer paso en la nueva Ley de Educación.
Se requiere un cambio desde el aula y de la comunidad de aprendizaje, antes que desde las cúpulas del poder o la tecnocracia.
El nuevo papel del Estado en la educación implica un Proyecto Nacional debidamente sustentado, articulado al desarrollo del país, con la participación activa de todos los actores.

En el caso de la educación se observó –y se observa aún- un gigantismo desmesurado, casi inmanejable, por su centralismo y estructuras nada eficientes, caldo de cultivo de la corrupción, y de algo más grave: la cuasi paralización de los servicios educativos, mientras la escuela pública –especialmente en los sectores urbano marginales y rurales- yace olvidada y sin esperanza de recuperación.

Modelo agotado
 
Este modelo centralizado está agotado. La estructura ha “matado” virtualmente a la misión, visión y valores de la educación, porque responde a patrones desgastados y repetitivos, que cultivan el burocratismo y su hermano siamés, el clientelismo.

A lo anterior se añade otro fenómeno: la educación quedó en manos de dos protagonistas: el Gobierno de turno y el sindicato de los maestros, sin que la ciudadanía tenga una participación activa. Pero más grave aún es la débil capacidad de gestión de la gerencia pública, y del sector educativo en particular.

Un ejemplo claro es el alto porcentaje de rectores y directores que mantenían –hasta hace poco- sus cargos por más de 10 ó 15 años, sin posibilidad de cambio o reemplazo.

Lo mismo acontece con numerosos sectores del Estado, cuyos servicios son malos o pésimos, nada competitivos, y con una gerencia que no está actualizada. Un paso fundamental en esa línea es el diseño y desarrollo de una escuela de gestión pública, a la que deberían asistir todos los gerentes del Estado: ministros, subsecretarios y directores, en general.

Desconcentración

La Senplades plantea un plan de desarrollo que tiene como objetivo la recuperación del Estado, donde los ministerios tendrán tres competencias básicas: la rectoría, la planificación y la regulación.

Una matriz de competencias distingue cuatro escenarios: privativo, que incluye a los ministerios de Defensa, Relaciones Exteriores, Justicia, Gobierno y Finanzas; alta desconcentración, baja descentralización: Trabajo, Educación, Salud, Industrias y Productividad; alta descentralización, baja desconcentración: Agricultura, Ambiente, Turismo, Cultura, Deporte, Vivienda, Inclusión Social; y sectores estratégicos: Electricidad, Minas y Petróleos, Transporte y Obras Públicas, y Agua.

Principio básico

La educación en la nueva estructura ministerial no puede marchar ajena a la salud, al trabajo y a las nuevas tecnologías. Y en lo que a la parte operativa se refiere es urgente la desconcentración –entendida como la transferencia del ministerio a otras instancias regionales o provinciales-, y la descentralización a los gobiernos locales: municipios y prefecturas.
 
El principio básico es que el Estado no deje de tener la rectoría, la planificación ni la regulación del sistema educativo, que incluye la responsabilidad presupuestaria, pero con un fuerte control social o rendición de cuentas, por parte de la comunidad organizada. Así se hablaría en serio de la   revolución ciudadana.

Propuesta
Contraloría  social de la educación

La hora de las definiciones ha llegado. El país ya no aguanta más de lo mismo. La educación requiere cambios profundos, fruto de consensos antes que de la imposición de propuestas que no hacen bien a la sociedad.

Una actitud  renovada -no confrontativa- donde la propia sociedad y los principales actores sean los protagonistas, es  lo que espera el país. En este contexto, la rendición social de cuentas es un mecanismo necesario y urgente.

¿Y qué sucede con la  Ley Orgánica de Educación, que ordena la Constitución Política vigente?
 Vemos con preocupación el estéril enfrentamiento entre el  Gobierno y el sindicato de maestros, sobre el tema de la evaluación docente,  mientras la indiferencia ciudadana campea en muchos escenarios.

Y ya ha comenzado la agitación contra el sistema de evaluación, mientras la  educación no tiene una  agenda nacional para los cuatro años de Gobierno. ¿Un proyecto nacional de educación?
 
La propuesta de la Senplades de descentralizar y desconcentrar la educación es buena, siempre y cuando se respete la rectoría del Ministerio de Educación, y que los ámbitos  pedagógicos, administrativos y financieros -con fondos del Estado- estén en manos de las propias comunidades.

El gobierno escolar ciudadano -como se ha anunciado- exige la creación de un sistema articulado a la realidad, a la legalidad y a la participación efectiva de los ciudadanos y ciudadanas en la construcción de consensos posibles.

El  sistema de rendición de cuentas es un mecanismo para que la  acción controladora de la sociedad se manifieste en los direrentes procesos de la enseñanza y su relación con el desarrollo nacional, y no solo en los estrictamente económicos.

Si el Estado es la sociedad jurídicamente organizada, se espera que el Estado de los ciudadanos actúe en esa dirección y promueva un cambio concertado.

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