20 de November de 2009 00:00

El papel del Consejo es cuestionado

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Redacción Política    

Las sanciones administrativas contra los medios no tendrían un piso legal. La reflexión la realizaron el ex juez de la Corte Suprema, Fernando Casares, y el constitucionalista Alfredo Alvear.

Ambos coinciden en que en una ley orgánica, como es la de Comunicación, no se puede incluir un pliego de sanciones. Las leyes de ese tipo están dirigidas para proteger y garantizar derechos; para el funcionamiento y competencias de instituciones del Estado y para regular a partidos políticos.

Alvear asegura que el escenario legal para incluir infracciones y castigos es una ley ordinaria. En cambio, Casares sostuvo que las sanciones administrativas tienen más relaciones con violaciones de normas secundarias y no con leyes de tipo orgánico. 

La presidenta de la comisión, Betty Carrillo, sostuvo que sí tienen el piso jurídico para incluir las sanciones. Ella aseguró que la ley no quiere controlar, pero debe regular el trabajo de los medios.

En ese mismo sentido, el jurista Víctor Cevallos sostuvo que no importa si la sanción administrativa  nació en una ley orgánica u ordinaria. “Imagino que lo hicieron para que tenga prevalencia sobre otras normas”. 

Para crear esta regulación, los legisladores crearon todo un sistema que se incluirá dentro del aparato estatal. En su cabeza está el Consejo de Comunicación, que es el encargado de emitir las sanciones administrativas.  

En la conformación del Consejo también existe una trampa, advierte el asambleísta Fausto Cobo (PSP). Asegura que  el Gobierno que tenga el control sobre el Consejo podrá manejar ese organismo. Según la propuesta de la comisión, esta instancia tendrá dos miembros del Ejecutivo, una de las universidades y tres de la sociedad, quienes serán elegidos por el Consejo de Participación.

Para Cobo, que haya uno o dos representantes no es el problema, pues el meollo es que el Consejo será un organismo de filtro político contra la prensa. “Es fácil darse cuenta, todas sus atribuciones son velar, decidir y  resolver”.

Una de las decisiones que tomó la comisión legislativa por unanimidad fue aclarar que la ley no podrá controlar, sino regular la comunicación en el país.  

Cobo y sus colegas César Montúfar y Cynthia Viteri preparaban ayer el informe de minoría. En su propuesta analizaban si se puede incluir sanciones de tipo administrativo; pero -explicó Cobo- siempre y cuando sea a funcionarios públicos o a medios públicos y no a todos, como establece la propuesta de Alianza País.

Otro punto que se propone en el proyecto legal  es crear un procedimiento administrativo cuando un medio o periodista sea demandado. En la propuesta se explica que el medio tendrá 72 horas para responder contra una denuncia; luego el consejo tendrá cinco días para convocar a una audiencia y en esa misma diligencia se conocerá si el medio es sancionado o la denuncia es archivada. 

Para el asambleísta de Alianza País, Rolando Panchana, existe un temor injustificado a la potestad del Consejo de Comunicación para emitir sanciones contra la prensa. “En el texto del proyecto se explica que la última decisión tendrá un juez de contencioso y administrativo”. 

Mientras tanto, la asambleísta Lourdes Tibán (Pachakutik) propuso que antes de que la Ley entre en vigencia sea consultada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El oficialismo rechazó la insinuación.

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