19 de marzo de 2018 00:00

Pablo Celi: ‘El monto de deuda pública aún no se puede precisar’

Pablo Celi, contralor General del Estado (s). Foto: Armando Prado / EL COMERCIO

Pablo Celi, contralor General del Estado (s). Foto: Armando Prado / EL COMERCIO

valore
Descrición
Indignado 59
Triste 1
Indiferente 4
Sorprendido 7
Contento 2
César Augusto Sosa
Macroeditor (I)

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Entrevista a Pablo Celi, contralor General del Estado (s)

¿Cuál fue el objetivo de hacer un examen especial a la deuda pública del país?

Fue analizar la legalidad, las fuentes y usos de la deuda. La auditoría busca entender, transparentar y revelar en forma integral la situación de la deuda entre el 2012 y el 24 de mayo del 2017.

¿Por qué ese período?

Porque la Contraloría tiene, por ley, siete años para realizar acciones de control.

¿Cuáles son las revelaciones claves del examen?

Se centran en seis temas: la normativa desarrollada en el proceso de endeudamiento; la declaratoria de reserva de los contratos, convenios y operaciones de deuda; las implicaciones del Decreto 1218 para el cálculo del endeudamiento; el convenio entre Finanzas y Petroecuador; las preventas petroleras, y el estado de la documentación del endeudamiento.

¿Por qué la normativa es un tema relevante?

Hubo un conjunto de decisiones legales y administrativas que alteraron el registro y el cálculo de la deuda pública. Con varios reglamentos y el Decreto 1218 se fue generando todo un proceso que relajó el control sobre la deuda.

¿En qué se evidencia eso?


En el 2010, con la expedición del Código Orgánico de Planificación y Finanzas, se eliminaron varias normas de prudencia fiscal. Antes, por ejemplo, se necesitaba el pronunciamiento de entidades autónomas como el Banco Central o la Procuraduría, pero eso se eliminó. Con el Código, las decisiones de endeudamiento se concentraron en el Comité de Deuda y Financiamiento. Y sus tres miembros dependen exclusivamente del Ejecutivo. Hubo todo un andamiaje de ajustes a reglamentos que generó un manejo discrecional del concepto de la deuda y de sus componentes. Y eso volvió discrecional los valores que se registran como deuda.

¿Qué problemas generó haber declarado reservados los contratos de duda?

La declaración de secreto y reservado incluyó no solo contratos, sino actos administrativos, convenios y otros documentos sobre operaciones de endeudamiento. Eso se hizo con tres resoluciones ministeriales del 2010, violentando el propio Código.

¿Qué se violentó?


Para declarar secreto y reservado se debe sustentar que en el proceso de negociación podía haber una pérdida para el país. Pero la reserva se extendió hasta cerrar la operación de endeudamiento, es decir, cuando se haya pagado el total de las obligaciones.

¿Qué significó eso?


Primero, se ocultó información pública a la ciudadanía. Y segundo, se creó una restricción para auditar esas operaciones, ya que la Contraloría solo podría actuar al final, cuando se haya pagado todas las obligaciones. La Ley le da a la Contraloría siete años para hacer el control y los créditos se contrataron a más de 7 años.

¿Qué observaciones tiene sobre el Decreto 1218?


Se firmó en el 2016, justo cuando la relación Deuda/PIB bordeaba el 39%, cerca del límite legal del 40%. Con el Decreto se eliminaron del cálculo USD 12 400 millones de deuda interna y la relación Deuda/PIB bajó al 27%. Fue una reducción artificial que causó una distorsión sobre el endeudamiento público y abrió un espacio adicional de endeudamiento, sin cumplir el artículo 124 del Código.

¿Qué se incumplió?

La obligación de pedir autorización a la Asamblea Nacional para contratar más deuda y presentar un plan de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal.

El Gobierno justificó su decisión basado en un manual del FMI.

El FMI no rige legalmente el endeudamiento del país y tampoco es el ente encargado de auditar la deuda pública. Para eso está la Contraloría. Debía mantenerse el principio de consolidar la totalidad del endeudamiento del sector público, pero se dejó por fuera varias cosas.

¿Cuáles?

Preventas petroleras, pasivos contingentes, varios tramos de deuda interna, deuda flotante. Además, 2 735 entidades debían entrar en el proceso de consolidación, pero solo lo hicieron 2 565. Quedaron fuera 170, que no presentaron estados financieros, entre ellas IESS, Tame o Petroecuador. El Ministerio de Finanzas no dio información sobre los pasivos contingentes y deuda flotante, cuyos valores no se pueden determinar y deberán ser objeto de otros exámenes de auditoría.

Si es así, ¿cómo se determinó en USD 65 700 millones los pasivos estatales?

El Estado reconoce ese monto como pasivos totales. Y hasta el 31 de diciembre del 2016 reconoció USD 50 500 millones de deuda. Quedan cerca de 15 000 millones que no se consideraron deuda pública. Para la Contraloría, las preventas petroleras, los pasivos contingentes, la deuda interna, la deuda flotante y las entidades que no entraron en el proceso de consolidación son parte del endeudamiento y deben ser consideradas.

Si se incluye todo eso, ¿a cuánto asciende la deuda pública del país?

No lo podemos determinar aún, porque no hay información sobre varios rubros. El informe de Contraloría, más allá de dar una cifra de deuda, está planteando la existencia de un conjunto de rubros que no se consideraron en el cálculo y, por tanto, pone en duda el monto exacto de la deuda.

¿Qué papel jugó Petroecuador?

La petrolera contrató deuda que no fue para su operación, sino para proveer de liquidez a la caja fiscal. Eso no tenía ningún respaldo legal.

Hoja de vida

Su formación. 
Desde el 2008, Pablo Celi ha ocupado varios cargos en la Contraloría General del Estado, pero en distintos períodos. En el 2012 fue designado representante del Ecuador ante el Centro de Estudios Estratégicos de Defensa de Unasur, en Buenos Aires, Argentina. Desde 2014, Celi fue subcontralor general del Estado; ahora es el contralor subrogante.

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (18)
No (13)