26 de October de 2014 20:26

15 organizaciones se presentan en la CIDH

Colegio Mejía. El caso de los supuestos maltratos a los estudiantes del Mejía detenidos durante las protestas de septiembre, será presentado ante la CIDH. La denuncia la presentará la Federación Nacional de Abogados. Foto: Eduardo Terán/ EL COMERCIO

Colegio Mejía. El caso de los supuestos maltratos a los estudiantes del Mejía detenidos durante las protestas de septiembre, será presentado ante la CIDH. La denuncia la presentará la Federación Nacional de Abogados. Foto: Eduardo Terán/ EL COMERCIO

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Estefanía Celi R. Redactora (I)
politica@elcomercio.com

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibe hoy (27 de octubre de 2014), en el primer día de su 153° período de sesiones, a 15 organizaciones sociales ecuatorianas.

Sus argumentos serán sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas y de la independencia judicial en el país.

Esta es la primera vez que la Comisión analiza la situación de la Justicia en Ecuador. En ocasiones anteriores, el organismo internacional escuchó exposiciones sobre la situación de la libertad de expresión y la libertad de asociación, lo que generó críticas desde el Gobierno ecuatoriano.

En este caso, los principales demandantes en este tema son los abogados Juan Vizueta y Pedro Granja, quienes han actuado en casos polémicos como el de Mery Zamora, Glas Viejó y recientemente en la defensa de los estudiantes del colegio Mejía detenidos durante las manifestaciones de septiembre.

Sin embargo, antes de que se desarrollen las audiencias, ya han habido reacciones de las principales autoridades de la Función Judicial, en rechazo a lo que serán las exposiciones.

El fiscal general, Galo Chiriboga, señaló que este tipo de denuncias deberían ponerse en conocimiento de las autoridades judiciales.

“Sostener que en el Ecuador hay una manipulación de la justicia es una grave ofensa a la democracia de la República. Los avatares que la Fiscalía tiene con los jueces evidencian que no hay tal manipulación: a veces nos dan la razón y en otras no. Yo también podría argumentar lo contrario, que los jueces, al no darnos la razón, están siendo manipulados por terceros actores”, sostuvo.

La ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, calificó de "actores políticos" a los abogados que se presentarán e incluso dijo que la CIDH es un ente parcializado. Además, aclaró que ningún representante del Estado estará presente en las audiencias, pero dijo que enviarán por escrito sus puntos de vista sobre los temas a tratarse.

Esta no es la primera vez que Ecuador decide no enviar a ningún representante a las sesiones de la Comisión. El país mantiene una posición muy crítica contra esta entidad, especialmente en contra de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, que recientemente cambió de titular.

Los cuestionamientos a la CIDH se centran sobre todo en su capacidad para dictar medidas cautelares, algo que según las autoridades ecuatorianas no es atribución del organismo, por lo que no serían de cumplimiento obligatorio.

Vizueta y Granja editaron un libro titulado ‘Lo que la CIDH debería conocer sobre la justicia en el Ecuador’, que incluye casos como el de los estudiantes del colegio Mejía, los 10 de Luluncoto y de maestros jubilados que exigen sus pensiones.

El viernes (24 de octubre de 2014), ambos brindaron una conferencia en Miami, EE.UU., junto con el experiodista Emilio Palacio, sentenciado en el caso de diario El Universo. Allí explicaron que hay más de 200 luchadores sociales enjuiciados en Ecuador, de los cuales 54 han recibido ya una sentencia.

En lo que se refiere a la situación de los derechos de los pueblos indígenas en Ecuador, estarán presentes diferentes organizaciones civiles, como representantes de Yasunidos.

Además de los derechos de los pueblos no contactados, el colectivo Yasunidos demandará la vulneración a los derechos de participación ciudadana cuando se invalidaron las firmas para la consulta. Foto: Diego Pallero/ EL COMERCIO

Además de los derechos de los pueblos no contactados, el colectivo Yasunidos demandará la vulneración a los derechos de participación ciudadana cuando se invalidaron las firmas para la consulta. Foto: Diego Pallero/ EL COMERCIO

Dos voceros de ese colectivo viajaron el viernes a Washington para exponer sobre los peligros que la explotación petrolera del Yasuní traería para los pueblos en aislamiento voluntario que viven en esa zona.

Pablo Piedra, uno de los representantes de Yasunidos, señaló que van a dar a conocer el caso de la fallida consulta popular que el colectivo impulsó para evitar que se explotara el petróleo del bloque ITT. “Se vulneró un derecho de participación política y eso fue un obstáculo para poder defender la vida de los pueblos en aislamiento voluntario”.

Adicionalmente, Yasunidos presentará el martes (28 de octubre) una denuncia en la Comisión por la vulneración de estos derechos políticos y de participación ciudadana. Según Piedra, todas las entidades del Estado que participaron en el proceso de la consulta “se orquestaron” para evitar la consulta.

El ejercicio de la justicia indígena como derechos cultural y lingüístico también será presentado ante la CIDH. El 30 de agosto, la Corte Constitución dictaminó que casos de asesinatos u homicidos ocurridos al interior de la comunidades deben ser tratados por la justicia ordinaria. Es algo que rechazan las organizaciones indígenas.

En el 2012, en la comunidad El Cercado, en Imbabura, aplican la sanción a dos involucrados por un supuesto asesinato en el Inti Raymi. La CC prohibió su aplicación para asesinatos u homicidios. Foto: José Mafla/ EL COMERCIO

En el 2012, en la comunidad El Cercado, en Imbabura, aplican la sanción a dos involucrados por un supuesto asesinato en el Inti Raymi. La CC prohibió su aplicación para asesinatos u homicidios. Foto: José Mafla/ EL COMERCIO

En contexto

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sesiona dos veces al año. Ecuador mantiene una posición crítica en su contra e impulsa una serie de reformas a su sistema de financiamiento, así como un cambio de sede, que aún no tiene consenso regional.

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