31 de diciembre de 2017 00:00

Oposición, neutralizada y sin agenda

El bloque de oposición no tiene los votos suficientes para aprobar normativas, en el Pleno del Legislativo. Foto: Pavel Calahorrano/EL COMERCIO

El bloque de oposición no tiene los votos suficientes para aprobar normativas, en el Pleno del Legislativo. Foto: Pavel Calahorrano/EL COMERCIO

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Diego Puente
Redactor
politica@elcomercio.com (I)

La agenda de la oposición se estructuró alrededor de dos derroteros. La lucha contra la corrupción y la recuperación de la institucionalidad, a través de cambios profundos en la estructura del Estado.

Pero esa agenda se truncó, luego del cambio de mando, el 24 de mayo. El gobierno de Lenín Moreno logró apropiarse del discurso alrededor de esos derroteros y adoptó acciones para llevarlos a la práctica.

Por un lado, creando un Frente contra la corrupción y pidiendo a los administradores de justicia que actúen con independencia. Por otro, planteando la consulta popular, que busca una reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) y eliminar la reelección indefinida.

La consulta popular fue una de las principales banderas del expresidenciable Guillermo Lasso (Creo). Luego, en la campaña electoral por la Presidencia, otros candidatos de oposición se sumaron.

En la primera vuelta, cinco de los ocho candidatos a la Presidencia planteaban la eliminación del Consejo. Además de Lasso, lo hicieron Cynthia Viteri, del Partido Social Cristiano, Paco Moncayo, de la Izquierda Democrática; Patricio Zuquilanda, de Sociedad Patriótica y Washington Pesántez, de Unión Ecuatoriana. Para ellos, el Consejo de Participación fue un instrumento de concentración de poder del anterior Régimen.

En campaña, el entonces presidenciable Lenín Moreno (Alianza País), Abdalá Bucaram (Fuerza Ecuador) e Iván Espinel (Compromiso Social) aseguraron que eran necesarias reformas para “mejorar” o “fortalecer” esa institución.

Las distancias marcadas que hubo durante la campaña entre las principales fuerzas políticas se lograron acortar con las decisiones del Régimen, durante los primeros seis meses de mandato.
Los opositores han tenido que sumarse a las iniciativas del oficialismo. Rechazarlas hubiera implicado irse contra las propuestas que ellos defendieron en campaña.

Para la consulta popular, por ejemplo, todos los movimientos políticos que se identificaban como oposición al anterior Régimen ahora pedirán el voto por el sí.

En esa lista están el Partido Social Cristiano, el movimiento Creo, Avanza, Pachakutik, Adelante Ecuatoriano Adelante, entre otros.
El asambleísta Fabricio Villamar (Creo) reconoce que se dio “una apropiación del discurso” de la oposición por parte del Primer Mandatario.

Sin embargo, asegura que indirectamente la oposición sí se benefició. El camino que adoptó Lenín Moreno devino en una pugna en Alianza País que ha provocado el debilitamiento del oficialismo.

Para la oposición, esto es una oportunidad pues, según el legislador, se ha abierto un espacio político que puede ser capitalizado por otras tiendas, como el movimiento Creo.

La fiscalización

En la Asamblea Nacional, la oposición tampoco ha podido estructurar una agenda propia.

Los procesos que han terminado con sanciones, como el juicio político en contra del excontralor Carlos Pólit, fueron propuestos por el oficialismo.

El pedido de juicio al vicepresidente Jorge Glas, solicitado por la oposición, hasta ahora no se ha podido terminar y lo más probable es que no se lo haga, por los plazos que se establecen en la Ley.
El 2 de enero se declarará su ausencia definitiva del cargo, con lo que el juicio al interior de la Asamblea Nacional quedaría suspendido.

Glas fue condenado a seis años de cárcel por asociación ilícita dentro del caso de corrupción Odebrecht y ha estado fuera de su oficina desde el 2 de octubre pasado.

Para Guillermo Celi, del movimiento SUMA, el caso del Vicepresidente reveló la protección política de AP a sus coidearios. Él lamentó que la calificación del proceso se haya dado en el segundo intento y casi un mes y medio después de haberlo presentado.

El legislador insistió en la necesidad de reformar la Ley de la Función Legislativa, en el 2018, para que los juicios en contra de exfuncionarios sean calificados por el Pleno sin esperar la decisión del CAL.

En cuanto a la producción de leyes, existe un bloqueo en el Legislativo que también ha sido el resultado de la pugna interna de Alianza País (AP).

La actual Asamblea se instaló con 137 asambleístas de los cuales 74 son del oficialismo. La cantidad bastaba para aprobar leyes y elegir a las principales autoridades del Legislativo y las comisiones claves.

La ruptura partió al bloque y ahora hay al menos tres facciones en ese sector. Las que apoyan al presidente Moreno, las que se alinearon con el expresidente Rafael Correa y quienes están en el medio, aguardando para definirse.

En ese marco, la oposición se convirtió en una nueva mayoría, con 63 curules. Sin embargo, la cantidad no le alcanza para aprobar leyes, pues se requieren de al menos 69.

Pero en dos ocasiones sumaron los votos necesarios para bloquear propuestas que vinieron del lado morenistas.

Por ejemplo, cuando se votó por incluir en el orden del día la comparecencia del exsecretario general de la Presidencia, Eduardo Mangas, la oposición y el bloque correísta de A. País votaron a favor.

Mientras que cuando el bloque morenistas propuso la conformación de una comisión para vigilar el cumplimiento de las obligaciones con los jubilados, la oposición se opuso y logró frenar esa iniciativa, gracias a que los correístas se abstuvieron.

La oposición tendrá que concretar acuerdos para poder dar paso a las iniciativas legislativas. De los 154 proyectos de ley y proyectos de reforma que constan en el sistema de la formación de leyes, desde mayo pasado, la mayor parte (83) ha sido propuesta por ese sector.

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