El proyecto del Ejecutivo para reducir las utilidades de los trabajadores en las empresas de telefonía celular necesitará un cambio de enfoque, pues terminará afectando a los trabajadores cuando el objetivo del Gobierno apunta a regular las ganancias de los dueños del capital.
La argumentación del Presidente de la República para llevarse a la arcas fiscales unos USD 100 millones de las utilidades de los trabajadores se basa en dos conceptos: la elevada utilidad de las empresas y su exagerada rentabilidad. Son dos conceptos diferentes, ya que el primero se refiere al monto anual que ganan las empresas, que bordea los USD 130 millones, mientras el segundo es el porcentaje de esas ganancias respecto al capital invertido por los accionistas. Un 107%, en promedio.
Pero conforme el Presidente va desglosando el tema, el supuesto problema se resume a las ganancias y rentabilidad de la operadora Claro.
Por esta razón le resultará complicado que se apruebe su proyecto de Ley, pues sería emitido con dedicatoria para una empresa, lo cual atenta contra uno de los principios de la justicia, es decir, tratar a todos por igual.
Además, las ganancias de los dueños del capital de las telefónicas no se alterarán con el proyecto de Ley. Las empresas seguirán pagando el 15% de utilidades como lo han hecho hasta ahora. Ese porcentaje lo vienen registrando como una especie de impuesto a sus operaciones en Ecuador. Lo único que cambiaría sería el destino de esos recursos, lo cual no afecta a los accionistas. El 15% se repartiría entre trabajadores y Estado, aunque este último ya les cobra a las operadoras impuestos y un porcentaje de su facturación.
Cuando el actual Gobierno negoció en el 2008 los contratos de concesión con ambas operadoras marcó las reglas del juego hasta el 2023, luego de una negociación a la que calificó de exitosa. Si hoy cuestiona la exagerada rentabilidad de las operadoras es porque la negociación del 2008 no fue tan exitosa.