7 de junio de 2016 00:00

La ONU ofrece analizar el caso Saraguro

Un grupo de líderes indígenas se reunieron con Diego Zorrilla, coordinador de la ONU. Fotos: Eduardo Terán / EL COMERCIO

Un grupo de líderes indígenas se reunieron con Diego Zorrilla, coordinador de la ONU. Fotos: Eduardo Terán / EL COMERCIO

Compartir
valorar articulo
Descrición
Indignado 45
Triste 0
Indiferente 1
Sorprendido 2
Contento 60
Adriana Noboa
anoboa@elcomercio.com (I)

Las cuatro figuras penales más comunes de las que se acusa a los detenidos durante protestas sociales son: ataque y resistencia, paralización de servicio público, incitación a la discordia y sabatoje y terrorismo.

En los registros de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) constan los nombres de 122 personas que supuestamente enfrentaron un proceso investigativo desde agosto. De ese total, el 87% es indígena.

Ellos participaron en manifestaciones como el paro nacional, el levantamiento indígena y las protestas contra las enmiendas constitucionales aprobadas por la Asamblea.

El caso más reciente es el de dos indígenas de Saraguro, sentenciados a cuatro años de prisión. La Fiscalía los señaló por la obstrucción de una carretera (paralización de un servicio). Ayer los dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) e Inredh se reunieran con el coordinador residente de las Naciones Unidas en Quito, Diego Zorrilla, para hablar del tema.

Jorge Herrera, presidente de la Conaie, pidió que se presente el caso ante el Alto Comisionado de la ONU, en la próxima Asamblea General, que se hará en dos semanas.

Según Herrera, Zorrilla aceptó la petición y entregará la información. El dirigente de la Conaie contó que se busca informar a la comunidad internacional sobre lo que ocurre en el país. En la tarde, otro grupo de indígenas acudió al Consejo de la Judicatura, donde fueron recibidos por Tomás Alvear, director general. Él escuchó sus quejas sobre el caso Saraguro y ofreció analizarlo.

Ernesto Pazmiño, defensor Público, había advertido que la sentencia de los saraguros era desproporcionada. A lo que Ledy Zúñiga, ministra de Justicia, respondió que se estaba adelantando criterio ya que no se han agotado todavía todos los recursos judiciales.

En la lista de dirigentes que enfrentan un proceso judicial consta Herrera, el asambleísta José Acacho, Pedro Mashiant; Franco Viteri, presidente de Confeniae; Agustín Wachapá, presidente de Ficsh, y Bolívar Wasump, presidente de los Achuar. También Jaime Vargas, líder Achuar; Rómulo Akachu, vicepresidente de la Conaie, Jaramillo Saúl y Nawech Ankuash Luis.

Para Luis Saavedra, director de Inredh, se trata de un ataque sistemático a las organizaciones sociales y a las personas más vulnerables.

Ayer en la tarde, en Quito, hubo un plantón a favor de los saraguros sentenciados. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

Ayer en la tarde, en Quito, hubo un plantón a favor de los saraguros sentenciados. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

Pero a través de su cuenta de Twitter, el ministro del Interior, José Serrano, recordó que durante las protestas donde fueron detenidos los saraguros hubo policías agredidos. Anexó un video en el que un policía y su esposa narran el drama que vivieron cuando él fue retenido por la comunidad.

Wilson Ordóñez
, abogado de la Conaie, recuerda que entre 2008 y 2013 había 232 personas procesadas por delitos que se les adjudicaron durante protestas sociales. El movimiento indígena hizo una petición de amnistía para ellos, pero en la Asamblea Nacional, con mayoría oficialista, no se tramitó. Esto pese a que en 2008 se concedió la amnistía para más de 300 personas vinculadas con casos similares.

Para Ordóñez, estos casos tienen también un tinte política. Indica que se utiliza de manera indebida el derecho penal para judicializar y procesar penalmente a defensores de derechos humanos.

Además, que varias decisiones judiciales están marcadas por lo que dice el presidente Rafael Correa y sin que -en palabras de Ordóñez- se siga el debido proceso.

La Conaie alista un informe general sobre la “criminalización de la protesta social”, que está previsto sea publicado a finales de este mes, junto con Inredh. Según las organizaciones que han trabajado en el documento, hay más de 700 perseguidos políticos y procesados desde el inicio del Gobierno.

Ordóñez aclara que la mayoría de los judicializados son indígenas porque las mayores protestas sociales se han dado por temas de defensa de territorio. Especialmente frente a los proyectos de explotación petrolera y minera, así como de las hidroeléctricas en varios puntos del país.

Pero el Gobierno ve las manifestaciones de los indígenas de otra forma. El Presidente está convencido de que ellos quieren imponer sus condiciones “con base en la fuerza, el paro y la violencia”.
Durante el paro de agosto, Correa afirmó: “los violentos tratarán de victimizarse” y que cuando cometan un delito argumentarán que el Gobierno está criminalizando la protesta social.

No solo la Conaie y otras organizaciones locales denuncian represión y persecución judicial y política en Ecuador.

El último informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), de octubre, da cuenta de la vulneración de garantías judiciales en la utilización del derecho penal para neutralizar a los líderes sociales y defensores de derechos humanos, así como también “en la notable impunidad de las agresiones de las que han sido víctimas”.

El documento también coincide en que “la ambigüedad de los tipos penales abre un margen de discrecionalidad y arbitrariedad que se utiliza para procesar a líderes sociales como terroristas”.

En Contexto
Los indígenas de Saraguro protestaron en contra del Gobierno, en el paro nacional de agosto. Los manifestantes bloquearon la vía principal Cuenca-Loja y se registraron varios enfrentamientos, que terminaron con la detención de 29 personas en total.

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (8)
No (1)