10 de February de 2010 00:00

Oídos Sordos

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Carlos Larreátegui

La Comisión de Educación de la Asamblea ha condensado las observaciones formuladas por los legisladores durante el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Educación Superior. Al cabo de tantas y tantas jornadas de lucha de los universitarios, diálogos sin fin,  declaraciones oficiales de apertura, el documento final producido por el profesor Raúl Abad, Presidente de esa Comisión,  implica un grosero retroceso y la creación de un “frankenstein jurídico”,  plagado de contradicciones y errores de monta. El tan absurdo y equivocado proyecto inicial de Senplades resulta ahora una pieza maestra comparado con este engendro conceptual y normativo. Examinemos algunos de los aspectos más calamitosos.

El proyecto suprime de raíz el cofinanciamiento que ha venido otorgando el Estado a ciertas universidades particulares denominadas “cofinanciadas”.  Instituciones como las Universidades Católicas de Quito, Guayaquil y Loja, la Universidad Tecnológica Equinoccial, la Universidad del Azuay, entre otras;  dejarán de recibir fondos públicos indispensables para su operación y financiamiento de becas para estudiantes de escasos recursos. Bajo esta norma, las universidades cofinanciadas deberán ajustar dramáticamente  sus pensiones y matrículas para poder sobrevivir. Muchos estudiantes estarán impedidos económicamente de acceder a ellas y su única opción será ganar el sorteo de cupos en las universidades públicas. Un esquema tan inicuo terminará liquidando las esperanzas de triunfo de  muchísimos estudiantes de bajos recursos.

Otro aspecto que provoca urticaria es la estructura del nuevo Conea, encargado de acreditar y asegurar la calidad de las universidades. El organismo que, por definición, debería ser autónomo y técnico, queda bajo el control absoluto del Presidente de la República. De conformidad con el proyecto, el  Directorio de este organismo estará integrado por tres miembros designados por el Jefe de Estado, y dos miembros elegidos por un Comité Asesor que será escogido por los primeros. Si el señor Abad y Senplades –que está detrás de todo esto-  quisieran realmente asegurar la calidad de las universidades y no su control político, dotarían al nuevo Conea de absoluta autonomía frente al gobierno y a las universidades.

Otra de las innumerables perlas que contiene este documento se relaciona con la alternancia de género que se pretende imponer a rajatabla en la estructura gubernativa de las universidades. Como si se tratara de una elección política, el art. 56 establece que  “las listas para la elección de rector y demás autoridades académicas deberán ser integradas atendiendo la  paridad de género…” En la academia deberían prevalecer los méritos y no los géneros. Ubíquese señor Abad.

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