20 de julio de 2015 19:50

El oficialismo pasa de invitar al diálogo a condenar las marchas

César Montúfar presentó ante la CNJ un pedido de confesión judicial para G. Rivadeneira. Foto: Alfredo  Lagla / EL COMERCIO.

César Montúfar presentó ante la CNJ un pedido de confesión judicial para G. Rivadeneira. Foto: Alfredo Lagla / EL COMERCIO.

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Paúl Zamora

En una misma jornada, la Asamblea Nacional pasará de la convocatoria al diálogo nacional a la crítica y condena de las marchas opositoras al Gobierno que se han dado desde hace seis semanas. A las 09:30, la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira (AP) junto con Pabel Muñoz, de Senplades, presentarán el calendario de los diálogos que impulsarán las 12 comisiones legislativas. Uno de los objetivos es crear un puente con la propuesta planteada por el presidente Rafael Correa y otorgar más participación de los ciudadanos en las normas que tramitan.

Sin embargo, ese ambiente de paz, camaradería e invitación al diálogo no durará mucho. En el Pleno que se realizará minutos después, se debatirá una resolución para rechazar “los actos violentos” producidos en el país. Se refieren a las manifestaciones del último mes y medio. Para el oficialismo tiene como meollo el rechazo a los proyectos de herencia
y plusvalía.

Como una “provocación política” califica Diego Salgado, de Creo, el texto que será propuesto por Alianza País (AP) porque busca que la Asamblea ratifique como función del Estado el discurso del Ejecutivo. Salgado cuestiona su legalidad, constitucionalidad y advierte que no contribuirá al ambiente de diálogo.

De hecho, la resolución tiene términos que el oficialismo y el Presidente han reiterado. Sostiene que las manifestaciones son promovidas por grupos opositores de la “extrema derecha” y que son claras acciones “desestabilizadoras”. Denuncian intentos golpistas y que “son servidores de oscuros intereses políticos” y que siguen utilizando “el terror y el miedo”.

Con 16 considerandos, el texto gira alrededor del Primer Mandatario, pues se recoge que la consigna principal ha sido “fuera Correa, fuera”; hacen referencia al uso de las redes sociales para la convocatoria; al “calentamiento de calles”. También recurren al politólogo estadounidense Gene Sharp y a su teoría del golpe blando.

El legislador Ramiro Aguilar (independiente) explicó los motivos por los cuales la propuesta del oficialismo es ilegal y antiética. En el plano constitucional, dicha resolución proscribe la oposición cuyo derecho está garantizado en el artículo 111 de la Constitución. También se violentaría el artículo 387 del Código de la Democracia que prohíbe la descalificación de los opositores. En el plano moral asegura que el texto es de una sumisión total de la Función Legislativa, violando el principio de la independencia de poderes.

AP descarta que se trate de una provocación política y defiende la legalidad de sus acciones. Gina Godoy, sostiene que la Asamblea “no puede ser diferente” a los hechos del país y frente a eso se debe ratificar la voluntad de trabajar de manera colectiva.

El artículo 120 de la Constitución establece las atribuciones y deberes de la Asamblea. En ninguno de los 13 numerales se contempla la acción que realiza el oficialismo. El constitucionalista Gustavo Medina dijo que los organismos del Estado no pueden realizar sino aquello que expresamente les atribuye la Constitución. “A eso deberían sujetarse”.
Otro tema que genera divergencias es que en la resolución se relacionen las manifestaciones exclusivamente con los temas de herencias y plusvalía y que se cuestione la organización ciudadana.

Salgado dice que hay una “miopía política” de los oficialistas pues los motivos van más allá: la eliminación del 40% del aporte estatal para el pago de pensiones jubilares o impulsar un cambio a la Constitución sin consulta popular.

Montúfar acudió a la CNJ

El exlegislador y actual presidente de Concertación, César Montúfar, solicitó la tarde de ayer a la Corte Nacional De Justicia (CNJ) que la presidente de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, rinda una confesión judicial sobre posibles irregularidades en el trámite de las enmiendas a la Constitución.

En junio, él envió una carta a la Legislatura en la cual cuestionó que el bloque AP haya ingresado el proyecto a la Asamblea a las 11:42 del 26 de junio de 2014 y que el Consejo de Administración Legislativa haya tenido conocimiento entre las 08:52 y 09:26 del mismo día.

Ayer, en Salinas, la Comisión que tramita los 16 cambios a la Carta Magna retomó la difusión de la propuesta.

La resolución de AP

Rechazar los actos violentos producidos en el país por grupos opositores de la extrema derecha.

Denunciar a la opinión pública los intentos golpistas promovidos por actores políticos de extrema derecha.

Conminar a los opositores a que ejerzan sus derechos observando la Constitución.

Convocar a la sociedad a sumarse al gran diálogo nacional pues la iniciativa es la única salida democrática.

Ratificar el espíritu democrático para construir leyes con participación de todos los sectores.

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