31 de agosto de 2016 00:00

Dos oficiales intentan frenar debate de las reformas al Issfa e Isspol

oto: archivo / el comercio El 5 de julio, soldados retirados protestaron en Guayaquil en contra de las reformas.

El 5 de julio, soldados retirados protestaron en Guayaquil en contra de las reformas. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Redacción Guayaquil
Redacción Seguridad

El Gobierno y las Fuerzas Armadas mueven sus fichas. Por un lado, la Asamblea, de mayoría oficialista, apura el debate de las reformas al seguro militar (Issfa) y policial (Isspol) y ya definió la hora para esa discusión: el 1 de septiembre, a las 09:30.

En el otro lado están los uniformados activos, que intentan bloquear esa sesión. Para lograrlo, el 30 de agosto, el capitán de la Armada, Jorge Zambrano, y el mayor del Ejército,José Intriago, recurrieron a la justicia ordinaria y presentaron acciones de protección cada uno.

Los documentos llegaron poco antes del mediodía al despacho del juez Henry Jaya, de la Unidad Penal de Guayaquil.

La demanda de los oficiales es contra el ministro de Defensa, Ricardo Patiño; la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, y los 11 legisladores que integran la Comisión de Derechos del Trabajador, donde se analizan las reformas.

Los militares consideran que se violaron sus derechos constitucionales y piden ser escuchados en la mesa legislativa y así exponer sus “argumentos técnicos” frente a los cambios que plantea el oficialismo.

El 8 de agosto, Patiño dejó clara su postura frente a este tema. “El Ministro de Defensa es el representante legal de las Fuerzas Armadas y le corresponde tratar y llevar adelante las políticas del Gobierno”.

El funcionario incluso dijo que ya conversó con los soldados del país, entre ellos con el Alto Mando, y recogió sus “dudas e inquietudes sobre la ley”.

Pero eso no satisfizo a los militares. Dos días después de ese pronunciamiento, el general Luis Castro, máximo jefe del Ejército, le contestó y pidió que el proyecto de reformas sea “revisado, consensuado y manejado técnicamente”.

Y advirtió: “de no mantener estos principios, que (el documento) sea archivado”.

Entre los legisladores de oposición creen que el pedido de los uniformados es legítimo. De hecho, en las primeras sesiones de la comisión, los asambleístas exigieron que la presidenta de la mesa legislativa, Mallerly Vásconez, convoque a la cúpula militar.

En la Ley de la Función Judicial (art. 58) se dice que “los ciudadanos que tengan interés en la aprobación de un proyecto de ley, o que consideren que sus derechos pueden ser afectados” tienen posibilidad de acudir a la comisión y exponer sus observaciones.

El 30 de agosto, Xavier Mejía, abogado de los dos oficiales que presentaron las acciones legales, dijo que si el juez admite el recurso, se podría interrumpir el primer debate de las reformas al Issfa e Isspol, en el Pleno.

“Mis defendidos dicen: queremos explicar cómo es el régimen especial militar, nosotros lo vivimos. El ministro (Patiño) si bien es cierto es el representante político, no puede representar nuestros derechos constitucionales”, anotó.

Sin embargo, para el Ministro de Defensa, el proyecto del Ejecutivo busca un sistema de seguridad social sostenible en el tiempo, e intenta eliminar inequidades en la institución.

Demanda a cinco oficiales


La pugna entre Gobierno y las FF.AA. también tiene otro frente: El 31 de agosto, a las 15:00, la jueza Alexandra Pérez resolverá la acción de protección que el presidente Correa presentó el viernes anterior contra cinco oficiales que integraron el Consejo de Disciplina que falló a favor del capitán de corbeta Edwin Ortega.

Los uniformados consideraron que Ortega no cometió ninguna falta al responder a Correa un e-mail que envío masivamente a los soldados.

En su resolución, el órgano militar señaló que el Primer Mandatario no es un “superior militar”, sino solo un civil.
Por eso, el Jefe de Estado recurrió a la justicia ordinaria y busca que allí se “ratifique” que él es la máxima autoridad en las Fuerzas Armadas. De hecho, el Mandatario -en el escrito que presentó ante la jueza Pérez- cita el numeral 16 del artículo 147 de la Constitución.

Allí se dice que una de las atribuciones del Presidente es ejercer la máxima autoridad de las FF.AA. y de la Policía.

Ayer, el teniente de Navío Juan Carlos Barrionuevo, otro oficial que respondió el correo al Mandatario, enfrentó un Consejo de Disciplina en la Comandancia de la Armada, en Quito. Esa diligencia se suspendió al mediodía y se reiniciará el 2 de septiembre.

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