2 de febrero de 2017 10:19

Odebrecht: en Ecuador no hay reportes de personas procesadas

Esta foto de archivo tomada el 23 de junio de 2016 muestra un logo de la constructora brasileña Odebrecht en la Villa Olímpica y Paralímpica de Río de Janeiro, Brasil. AFP

Los directivos de Odebrecht admitieron haber pagado sobornos por USD 735 millones en 10 países de América Latina. Foto: AFP

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Javier Ortega

El caso estalló el 21 de diciembre  del 2016 en toda América Latina. Desde entonces las investigaciones que se activaron en Perú, Colombia, Argentina, Guatemala, Panamá, Rep. Dominicana, Venezuela y Brasil ya han arrojado los primeros resultados.

En esos ocho países existen exaltos funcionarios indagados y también detenidos por el escándalo de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht.

Los directivos de la compañía admitieron haber pagado sobornos por USD 735 millones en 10 países de América Latina; incluido Ecuador, donde entregaron USD 33,5 millones, según un informe del Departamento de Justicia de EE.UU.

43 días después de esas revelaciones, en Ecuador no hay procesados por este caso.

¿Qué ha hecho la Fiscalía hasta este momento? En un comunicado de esa entidad, publicado el martes 31 de enero, se dice que el país ha solicitado ‘asistencias penales’ a Estados Unidos, Brasil, Suiza y España.

Además, se ha requerido información a la Contraloría,
Procuraduría, Servicio de Rentas Internas, Servicio Nacional de Contratación Pública y a las Superintendencias de Bancos y Compañías.

Hace dos semanas, al fiscal general Galo Chiriboga ya se le consultó por qué la investigación avanzaba a paso lento.
Como respuesta, el funcionario pidió al país que “comprenda” que este caso es reservado y que “no se trata de encubrir a nadie, sino de no ­entorpecer el proceso”.

El jurista Ramiro Román critica la “lentitud” de la investigación de la Fiscalía. Para este abogado, la entidad “ha pretendido callar hechos, omitir acciones y no ha realizado el trabajo” que le corresponde.

“Para mí, de fondo, existe algo. ¿A quién protege? ¿Qué intereses hay? No existe otro conclusión frente a esto”, dijo.

El legislador Fernando Bustamante también aseguró tener “la impresión de que en otras naciones se ha ido mucho más rápido, con mucha más agilidad y también más proactiva”.

Es sorprendente -dijo- que tome tanto tiempo tener una información de otros países.

El lunes 30 de enero, Chiriboga viajó a EE.UU. y el miércoles 1 de febrero se reunió con autoridades del Departamento de Justicia de ese país. La intención fue acceder a los nombres de quienes habrían recibido los supuestos sobornos.

Chiriboga sostuvo que considera “muy importante la información” que ese organismo puede entregar “para fortalecer la investigación ecuatoriana”.

A esa cita asistieron Bruce Swartz, fiscal general adjunto de Estados Unidos, y otros 12 funcionarios de las unidades de Investigación Criminal, de la División contra el fraude, corrupción internacional, lavado de activos, agentes que analizan el caso en Washington y Nueva York, y personal del FBI.

Swartz le dijo a Chiriboga que la información es reservada y que no se puede hacer pública.

Por eso, en otras naciones las autoridades locales han impulsado las investigaciones. Eso ha llevado a que en Colombia, por ejemplo, se capture a Gabriel García Morales, exviceministro de Transporte, y al exsenador Otto Nicolás Bula.

Al primero se lo investiga porque habría recibido USD 6,5 millones de Odebrecht, para garantizar que la empresa fuera la única firma habilitada para la licitación de un tramo de la Ruta del Sol, una de las principales vías colombianas.

En Panamá fueron imputados dos hijos y el hermano del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal. En Perú, el último arrestado fue Jorge Cuba, exviceministro de Transporte.

Él es acusado de recibir pagos por al menos USD 2 millones, a cambio de entregar la construcción de un tramo del Metro en la ciudad de Lima.

En República Dominicana, el empresario Ángel Rondón confesó haber recibido USD 92 millones de la constructora.

Por ahora, en Ecuador se dice que Chiriboga es “el primer fiscal general, de los países que indaga a Odebrecht, que ha sido recibido por el Departamento de Justicia”. Pero no ha obtenido mayor información.

El asambleísta de oposición Luis Fernando Torres considera que la Fiscalía todavía no tiene evidencias suficientes que permitan abrir procesos penales o ejecutar arrestos.

Desde la Presidencia de la República también se concretaron diligencias. Alexis Mera, secretario jurídico de Carondelet, viajó a Brasil para pedir la lista de los empleados beneficiados con pagos ilegales. A su regreso, señaló que en este momento la información en Brasil es reservada a menos que se pida una cooperación internacional, la cual ya fue solicitada.

El Gobierno ha rechazado la versión “sin pruebas ni beneficio de inventario” de los directivos de Odebrecht. Pero el martes, la presidenta de la Corte de Justicia de Brasil, Cármen Lúcia, avaló todos los testimonios de los exejecutivos.

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