14 de junio de 2017 00:00

Caso Odebrecht se ventila, por ahora, en la Asamblea Nacional 

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea ya se reunió, para conocer el caso del contralor Carlos Pólit. Foto: Vicente Costales/EL COMERCIO

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea ya se reunió, para conocer el caso del contralor Carlos Pólit. Foto: Vicente Costales/EL COMERCIO

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Redacciones Política
y Seguridad (I)

La Legislatura alista todo el proceso en contra de Carlos Pólit. Ayer, 13 de junio de 2017, este Diario accedió al expediente relacionado con el pedido de juicio político al Contralor General del Estado y en esa documentación, el oficialista Daniel Mendoza lo señala por un supuesto incumplimiento de sus funciones.

Ese informe lo remitió el Consejo de Administración Legislativa (CAL) a la Comisión de Fiscalización. Según Mendoza, Pólit habría incumplido las reglas establecidas en la Ley de la Contraloría y al Código de Ética de esa entidad, pues la Fiscalía habría encontrado “claros indicios” de que habría cometido el delito de concusión.

El Código Penal (art. 281) dice que el servidor público, que abusando de su cargo ordene o exija la entrega de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos o gratificaciones no debidas, irá a la cárcel de tres a cinco años.

Para sustentar estas acusaciones, Mendoza solicitó al CAL las comparecencias del fiscal general, Carlos Baca; de la fiscal subrogante, Thania Moreno; del contralor subrogante, Pablo Celi; y de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs).

Ayer se definió que el fiscal Baca asista a la Asamblea a las 10:00 de este viernes 16. Mientras que los miembros del Cpccs deberá ir a las 15:00 del martes 20 de junio y Carlos Pólit a las 14:00 del martes 27 (puede enviar un escrito con pruebas).

La presidenta del Cpccs, Raquel González, indicó que tienen todo listo para presentar en el Legislativo. Y adelantó que no pedirán un informe adicional o no convocarán a los miembros de la comisión que seleccionó al contralor Pólit.

“(Ese grupo) ha actuado de acuerdo a lo que estipula el reglamento de la Comisión Ciudadana de Selección. Si nosotros estuviéramos pidiendo algo tendrían que observarnos, pero no tenemos que pedir nada, porque aquí reposan los documentos. El Consejo hizo un acompañamiento de todo el proceso de selección”, señaló.

González aseguró que hay intereses al interior de la Asamblea que buscan quitar del camino al Consejo de Participación, “para volver a la designación de autoridades desde el Legislativo y sin participación de la ciudadanía”.

Dentro de la Legislatura, el legislador Mendoza además pidió al Consejo de la Judicatura que remita a la Asamblea el expediente íntegro sobre el caso que se tramita en la Sala Penal de la Corte Nacional.

Entre sus pruebas adjuntó 15 artículos de prensa publicados en EL COMERCIO, El Telégrafo, Ecuador Transparente, Ecuavisa, El Universo, Radio Equinoccio, País y La República. Además, incluyó dos videos: uno de un reportaje de Televicento sobre la denuncia de supuesta concusión en contra de Pólit y otro elaborado por la Fiscalía sobre los primeros resultados en las investigaciones del caso Odebrecht.

Las 18 pruebas se completan con un boletín de prensa de la Fiscalía y un comunicado oficial de la misma entidad.
Estas pruebas y el pedido de juicio político fueron respaldados por las firmas de 63 legisladores de los 74 que componen las bancadas ‘verdeflex’.

Entre los 11 oficialistas que no firmaron está el presidente de la Asamblea José Serrano y los vocales del CAL Carlos Bergmann y Verónica Arias.

En el despacho del fiscal general Carlos Baca Mancheno también se preparan para lo que será su comparecencia.
Ayer, al mediodía, el equipo de prensa de la entidad señaló que el Fiscal está dispuesto a asistir al Legislativo y entregar toda la información que por ahora es pública. Por eso aclararon que la mayor cantidad de datos recabados en Brasil permanecen bajo indagación reservada y, por lo tanto, no es posible difundirlos.

El Código Penal (art. 584) señala que las actuaciones de la Fiscalía, jueces o personal policial “se mantendrán en reserva” durante la etapa de indagación previa. El viernes 9 de junio, el Fiscal General sostuvo haber recopilado audios, videos y decenas de documentos, que serán sometidos a pericias y verificaciones.

Por este caso, en Ecuador cinco sospechosos permanecen detenidos y uno tiene arresto domiciliario. Ayer, sus abogados dijeron que todos han presentado una apelación a la prisión preventiva.

La Corte Provincial de Justicia de Pichincha debe fijar día y hora para resolver ese pedido. Eso aún no ha ocurrido.
“Esperamos que hasta mañana (14 de junio) ya haya una fecha para esa audiencia”, comentó Pablo Díaz, abogado de Kepler Verduga y José Antonio Catagua, dos de los procesados.

Verduga es propietario de Equitransa, una compañía guayaquileña que supuestamente intermedió entre la constructora brasileña y funcionarios públicos. Catagua, en cambio, es el gerente general.

Kléver Sigüencia defiende a Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glas, quien permanece con arresto domiciliario en Guayaquil. El abogado tiene previsto trasladar una oficina provisional a Quito mientras dure el proceso. La idea es estar al tanto de todas las diligencias de la Fiscalía.

Los abogados señalaron que esperan acceder a todo el expediente en esta semana y así poder definir las próximas acciones judiciales. Según los juristas, el acceso total al proceso, que consta de 1 100 páginas, aún no ha sido posible, porque el despacho de la fiscal Diana Salazar se trasladó de lugar.

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