28 de febrero de 2018 00:00

Obligaciones fiscales pendientes por USD 69 000 millones

El ministro Carlos de la Torre dijo el 13 de febrero, que el Ecuador emitirá eurobonos a mediados de este año. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Según De la Torre, se han hecho grandes esfuerzos para recortar el gasto de inversión en el 2017. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Redacción Negocios

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El Ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, informó el martes, 27 de febrero del 2018, que el Estado cerró el 2017 con compromisos de deuda y otras obligaciones pendientes que sumaron USD 66 604 millones.

Si a este monto se le suman los USD 3 000 millones por la emisión de bonos realizada en enero del 2018, la deuda total del país representa ya el 69% del Producto Interno Bruto (PIB).

El martes, durante el evento de rendición de cuentas de la cartera de Estado, De la Torre reconoció que el nivel de endeudamiento alcanzado por Ecuador representa un problema, debido a que los costos financieros son altos.

“Tenemos un problema de endeudamiento, la deuda pública ha crecido muy rápidamente en los últimos años y nos está limitando recursos que podríamos usar para inversión productiva en el país”, dijo.

Según el reporte de enero del 2018 del Ministerio de Finanzas, la deuda consolidada del país -la que no considera los compromisos con entidades públicas como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social- llegaba al 34,2% del PIB.

Sin embargo, en su exposición, De la Torre manifestó que es importante que exista transparencia en las cifras totales para generar confianza.

Indicó que el país tiene otros pasivos como las deudas entre entidades públicas, deuda flotante, atrasos en el pago a los jubilados y contingentes (valores que el país podría pagar por juicios internacionales), que elevan los compromisos fiscales.

El monto de la deuda podría cambiar para marzo, añadió, pues para ese mes el Ministerio espera tener datos sobre la deuda de salud que mantiene el Estado con el IESS, que según Contraloría alcanza los USD 2 880 millones hasta junio del 2017.

Aunque el funcionario reconoció que el Gobierno tiene la responsabilidad de reducir el déficit, que en el 2017 fue del 6% del PIB, para que el nivel de endeudamiento sea menor, “el espacio para recortar el gasto corriente es muy pequeño”.

Según De la Torre, se han hecho grandes esfuerzos para recortar el gasto de inversión en el 2017. Sin embargo, explicó que el gasto corriente no se puede recortar de manera fuerte. El 60% de esos egresos son pagos de sueldos a funcionarios y compras públicas.

“La economía es como un gran transatlántico, no puede dar un cambio de timón de la noche a la mañana”, manifestó.

Para Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, el Gobierno tiene amplios espacios para reducir gastos de inversión y gastos corrientes.

Mencionó que el Gobierno debería emprender un plan de concesiones de obras al sector privado, “por ejemplo de vías y otros proyectos”.

Añadió que el Estado debería deshacerse de empresas públicas que generan pérdidas y reducir el número de entidades públicas y superintendencias que generan un alto gasto, “si no se quiere tocar a doctores y maestros”.

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