11 de agosto de 2014 10:49

No todos los indígenas confían en su justicia

En la comunidad de Tondoloqui, en Quisapincha, Tungurahua, un hombre habría asesinado a su esposa. Foto: Diego Pallero/El Comercio
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Washington Benalcázar y Fabián Maisanche. Redactores

No todos los indígenas están en contra del pronunciamiento de la Corte Constitucional (CC) según el cual las muertes violentas cometidas por habitantes de las comunidades deberán ser juzgadas por la justicia ordinaria.

María Rivera nunca quedó conforme con la sanción que el poblado de Peribuela, de Cotacachi (Imbabura) impuso a tres promotoras del Centro Infantil del Buen Vivir Sumag Muyo.

A través de la justicia indígena, Aída, Marcia y Sayra fueron sentenciadas por el delito de homicidio inintencional de Andrea Yacelga, de un año. “Este 2014 mi hija hubiera cumplido 3 años”, se lamenta Rivera.

La sanción fue un baño de purificación, pintar la escuela comunitaria y pagar USD 500 a la progenitora. “Nosotros queríamos que vayan a la cárcel... Pero solo les castigaron con ortiga y agua”, dice indignado José Rivera, abuelo de la fallecida.
Según Julio Cabascango, presidente de Peribuela, el fallo fue acordado en una asamblea general de la comunidad. Allí, se consideró que fue un accidente. “La niña cayó al piso mientras la bañaban, quedó inconsciente y luego murió”.

El Cabildo de Peribula amparado en el artículo 171 de la Constitución logró que el caso pase del Juzgado Segundo de Garantías Penales de Imbabura a la justicia indígena.

“Como parte de la sanción las mujeres también fueron impedidas de trabajar con niños durante dos años”, dice Cabascango. Según él, la retención de las personas en una cárcel es contraria al pensamiento indígena porque se destruyen las familias y no se rehabilitan.

Pero Rivera, no está de acuerdo y apoya la decisión de la Corte Constitucional de prohibir que los delitos relacionados con muertes sean tratados por la justicia indígena.

En Tungurahua, los habitantes de Tondolique, en la parroquia Quisapincha, prefieren no hablar sobre el asesinato de una indígena supuestamente por parte de su esposo y su amante, en octubre del 2013. Solo saludan y se retiran.

Pedro Tisalema, fiscal indígena de Tungurahua, recuerda que en ese caso los líderes del pueblo retuvieron a los presuntos culpables e iniciaron las investigaciones. Una asamblea comunitaria se encargó de entrevistar a Antonio y Martha.

El acusado se habría opuesto a trasladar a su esposa al hospital Ambato. Ella fue golpeada con un palo. “Los dirigentes sospecharon que su conviviente se negó a prestarle auxilio”. Por ello, la asamblea comunitaria entregó a los retenidos a la Policía y Fiscalía. No hubo purificación con agua y ortiga.

Este caso y otra muerte violenta en Chibuleo San Pedro son los únicos que se registran en la Fiscalía de Tungurahua desde el año pasado. En este último poblado, los líderes también entregaron al acusado a las autoridades.

Los cabildos tienen la obligación de sancionar casos menores como el robo de ganado a viviendas, infidelidad y no los de conmoción social, dice el fiscal Tisalema. Él calcula que desde el 2013 hubo 20 casos de juzgamientos en asambleas en Chibuleo, La Esperanza, Quisapincha, Santa Rosa y Pilahuín. La mayoría fue por riñas, atropellamientos y celos.

Según Manuel Ainaguano, presidente del Movimiento Indígena de Tungurahua, más allá del castigo físico está la sanción moral.

Lo mismo considera la abogada Rocío Cachimuel, presidenta de la Federación de Indígenas y Campesinos de Imbabura. Según ella, las autoridades indígenas tienen la capacidad jurisdiccional para solucionar cualquier tipo de conflictos. “Un derecho ancestral no puede limitarse a través de los organismos del Estado”.

Para Cachimuel, la justicia indígena soluciona peleas entre esposos, lío de linderos, accidentes de tránsito con muertes… “Y para ello hay normas, principios y autoridades”.

Precisamente sobre este y otros temas, el jueves pasado en la Facultad de Comunicación de la Universidad Central, unos 70 representantes de organizaciones sociales e indígenas se declararon en desobediencia civil.

El llamado Parlamento de los Pueblos analizó varios temas, entre esos el relacionado con la CC. Los representantes de este grupo entregaron en la sede de las Naciones Unidas en Quito un oficio dirigido al relator sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, pues consideran que la sentencia atenta contra los principios de la Constitución.

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