14 de agosto de 2015 17:13

Nina Pacari: ‘Manuela Picq no reúne los requisitos para ser deportada'

Manuela Picq

La periodista franco-brasileña Manuela Picq fue detenida el 13 de agosto durante las protestas en contra del Régimen en el Centro Histórico de Quito. Foto: Alfredo Lagla / EL COMERCIO

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Ana María Carvajal

Mientras visitaba a los indígenas reunidos en el parque de El Arbolito, en el centro norte de Quito, Nina Pacari, dirigente histórica de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y excanciller, concedió una entrevista a este Diario sobre la situación de los detenidos tras las protestas del 13 de agosto del 2015. Ella está a cargo de los asuntos jurídicos de la Conaie y afirma que acompaña la lucha de los más jóvenes, junto a otros dirigentes mayores del movimiento indígena.

¿Tiene un reporte completo sobre personas detenidas en el Centro Histórico?

En el país se nos ha reportado que están alrededor de 70 detenidos, 30 en Quito, 10 en Cotopaxi, 20 en Pastaza, siete en Imbabura y tres en Azuay. En cada provincia hemos articulado comisiones jurídicas hemos pedido a un abogado que ha acompañado procesos administrativos para que encabece la comisión de abogados que puedan apoyar para la libertad de los jóvenes. En Quito tenemos un pull de cinco abogados que están en este mismo momento (14:00 del 14 de agosto del 2015) en la defensa en la Unidad de Flagrancia. En Quito, fuera de los que logramos sacar de sectores populares e indígenas ayer (13 de agosto), son 30.

¿De qué se acusa a los detenidos?


Lo que señala el Gobierno como en todo momento y en todas las ocasiones que es por destrucciones a la propiedad privada. Son cuestiones que de por medio tienen que ver más bien con el marco constitucional como una acción enmarcada en el derecho a la resistencia y efectivamente eso obliga a que haya nuevas formas no solo de interpretación normativa sino de un nuevo entendido de la dimensión conceptual jurídico-política. Esperemos que las autoridades respectivas puedan asumirlo en ese sentido porque caso contrario, por más que digan que está cambiando el Ecuador, ellos siguen usando esos conceptos coloniales para seguir reprimiendo a los sectores populares e indígenas.

¿Es verdad que también hay menores de edad entre los detenidos?

Nos habían dado el nombre de dos de Quito, pero hasta hace una hora todavía no pasaban el parte policial. Pero en Quito el doctor Harold Burbano, quien está llevando el proceso en Quito, está dando el seguimiento en el caso de los menores también.

De acuerdo con su experiencia en casos similares a este, ¿qué tan complicado puede convertirse el proceso para determinar responsabilidades y lograr la libertad de los detenidos?

Ayer hubo presión con respecto de los líderes detenidos (Salvador Quishpe, Jorge Herrera, Katty Betancourt), que hubo toda una aglomeración de toda la gente que estuvo en El Arbolito. Nos trasladamos a la Unidad de Flagrancia, hicimos presión y como eran dirigentes y habían transcurrido ya cuatro horas y no se sabía dónde los tenían y que ya en el ámbito internacional se puede presumir ya de desaparición, estuvimos ya dispuestos con la demanda de plantear su desaparición. Con los reclamos fueron liberados a eso de las 23:00. Así constatamos que ellos fueron liberados pero a esa hora más o menos llegó un bus con 15 detenidos y más tarde habían llegado más y por eso las audiencias estaban fijadas para hoy.

¿Qué considera que debiera ocurrir ahora con los detenidos jurídicamente?

Tendría que darse su inmediata liberación porque no es que ha habido destrozos a la propiedad privada sino una defensa de la agresión por parte de la Policía Nacional, cumpliendo las órdenes del Gobierno. Todo caso es distinto, en otras ocasiones se han tardado más días, dependiendo de cuál ha sido la dimensión de la acción. Pero en este caso no habría razón de una demora porque además de los golpes que han recibido los compañeros, fueron detenidos.

¿Ustedes han constatado el estado de salud de los detenidos?

De los 14 que ingresaron ayer, el doctor Harold Burbano constató que no tenían golpes visibles en el rostro, pero quizá sí en en el resto del cuerpo. Por lo tanto una de las cuestiones que estábamos solicitando es que haya el examen médico. Todavía ese proceso aún no estaba y dependerá de los resultados de esos exámenes para determinar que haya agresiones físicas, porque no es que les cogieron así nomás, sino en medio de una agresión.

En el caso de Manuela Picq, pareja de Carlos Pérez, ¿también intervendrá la Conaie?

Sí; el doctor Julio César Sarango. Hemos coordinado y nos informó que le han retirado la visa que tenía, le han colocado en condición de irregular y que la audiencia en la Unidad de Flagrancia quedaría para el lunes 17 de agosto. Nosotros rechazamos la agresión por un lado y por otro este retiro de la visa. Es cierto que el Estado es soberano para poder retirar o no, pero en este caso merece un tratamiento distinto.

¿Por qué?

A partir del reconocimiento del carácter de estado plurinacional, esto es un eje rector. En el caso de Manuela Picq, al ser esposa del compañero Carlos Pérez, para nosotros es el concepto de matrimonio y de familia lo que está de por medio, así no esté en los papeles. Porque para nosotros desde la situación en la que están son matrimonio y son pareja. Siendo así, estaría cobijada por un derecho y no está en condiciones irregulares. Ya que están reconocidos los derechos de las nacionalidades indígenas tiene que aplicarse esa perspectiva intercultural en este caso. Siendo así, no reúne los requisitos para ser deportada, sino que al contrario, tendría que otorgársele la nacionalidad definitiva como ecuatoriana, por ser esposa de nuestro presidente de la Confederación (Ecuarunari), más allá de cualquier nacionalidad que sea, porque en nuestra Constitución tenemos concepciones de familia ampliada, familia nuclear y familia, en este caso, de procesos interculturales.

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