9 de November de 2012 00:01

El sigilo bancario de las personas fue negado tres veces por la Junta Bancaria

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El 3 de octubre del 2012, la Junta Bancaria, en oficio JB-2012-2019, dejó al director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Carlos Marx Carrasco, sin piso.

El funcionario había enviado, el 8 de marzo del 2012, una comunicación sobre su resolución, publicada en el Registro Oficial el 12 de marzo, que obligaba a las instituciones financieras a entregar toda la información detallada de los movimientos financieros, en el país y en el exterior, a través de la herramienta Reporte de Operaciones y Transacciones Económicas Financieras (Rotef).

Sin embargo, conociendo este particular, la Junta Bancaria decide responder al funcionario señalándole que “el SRI no puede acceder a información detallada, en virtud de que dicha petición vulnera el texto de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero; en consecuencia y con sustento en los principios de legalidad y de competencia previstos en el artículo 226 de la Constitución, no corresponde a la autoridad tributaria disponer al sistema financiero que se le proporcione información protegida por la ley con reserva o sigilo”.

El superintendente de Bancos, Pedro Solines reconoció que el SRI ha intentado por tres veces pedir información a los bancos de manera directa y que la Junta Bancaria le dijo que no puede hacerlo. “En esos casos no he estado de acuerdo”, dijo Solines, añadiendo que, si se llega a aprobar la reforma, el SRI podrá pedir información de los clientes directamente a los bancos. En ese escenario, afirmó: “tengo que aplicar la ley, así no esté de acuerdo”.

Días después, tras la última respuesta de la Junta Bancaria, se envió la reforma tributaria a la Asamblea, el 25 de octubre, donde se incluyó un artículo que obliga a los bancos a proveer al SRI información personalizada sobre los depósitos y demás captaciones de cualquier índole que se realicen en sus establecimientos. Además, impone fuertes multas en caso de no hacerlo.

Según los representantes de la banca, si la reforma se aprueba, se conferirá al SRI la potestad de acceder a toda la información que se procese en las entidades bancarias y financieras de los siete millones de clientes: “depósitos, inversiones, uso de cuentas, de quién recibe y a quién gira cheques, uso de tarjetas de crédito, qué compra, cuánto vale lo que compra, entre otra información”.

Actualmente, el SRI sí puede acceder a esa información, siempre que intermedie un juicio y siempre por intermedio de la Superintendencia de Bancos.

Así lo confirmó Solines. “Lo que la reforma pide es que no se haga a través de la Superintendencia, sino directamente. No entiendo por qué el sigilo recién les causa sorpresa (a los banqueros)”.

En eso coincide Carrasco, quien señaló que la facultad de solicitar información personalizada sobre los clientes está vigente desde el 2009. “Por favor, no alarmemos. El SRI no es la Gestapo. No somos policías. Ahora podremos evitar que los bancos no nos entreguen información y así verificar a aquellas personas cuyo nivel de gastos no se corresponde con sus ingresos. No habrá ni tiempo ni recursos para investigar a cada uno de los siete millones de clientes, ¡por Dios!”.

Pero para Carlos Licto, hay dos aspectos para reflexionar. El uno, es que a nivel internacional, las autoridades tributarias están ejerciendo mayor presión sobre las cuentas, aún a riesgo de violar la intimidad de las personas.

Y el segundo, ya más particular, es que no necesariamente todos los movimientos financieros tienen relevancia tributaria. “No tienen por qué saber si yo envío plata mensualmente a mis padres, por ejemplo. Y supongamos que mi mujer no sabía, eso me generaría muchos problemas”.

Casi todos van por el alza...
 
Solo Paco Moncayo mantuvo algo de distancia respecto al respaldo, casi unánime,  en la Asamblea Nacional para el alza del bono, a través de la reforma tributaria.
 
El asambleísta, pese a también estar de acuerdo con la necesidad de que los más pobres reciban la ayuda, señaló que el tratamiento del proyecto debiera realizarse por  vía ordinaria y no urgente.

Esa fue una de las tres propuestas de cambio al proyecto de ley enviado por el Ejecutivo el 25 de octubre. Las otras dos nacieron de la mano de los  legisladores Cristian Viteri y de Rolando Panchana, ambos afines al Régimen.  

El primero propuso que se incluya en el texto que la Superintendencia de Bancos decidirá, según análisis técnico previo, cuánto deberá pagar cada banco por Anticipo al Impuesto a la Renta (IR).  En el proyecto se establece que sea el 3% para todos, pero Viteri señaló que, según las actividades de Comercio Exterior, cada banco debería pagar un porcentaje que puede ser de 1, 2 ó 3%.
    
Por su parte, Panchana propuso que se limite el pago del presuntivo al IR para las empresas que traen artistas al país. En lugar de que paguen este valor por cada proceso logístico (alimentación, hospedaje, movilización...), solo se pagaría por honorarios. De esta forma, el precio de las entradas a los espectáculos podría bajar.

En el primer debate, ayer, en el Pleno participaron 14 asambleístas. Y, pese a que había muchos más en fila, el titular de la Asamblea decidió suspender la sesión.

Ecos del debate...

‘Aquí veremos quién está con los banqueros y quién con el pueblo’, fue la frase más repetida durante las intervenciones de los 14 asambleístas en el Pleno.

‘Este país será grande cuando ni un solo ecuatoriano tenga que recibir el bono”, señaló el asambleísta Paco Moncayo.

Si quieren tener afuera la plata (los banqueros) pues aquí está, ¡tun!, paguen impuestos. Es una mentira cerdosa que disminuirá  el crédito’: Paco Velasco.

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