8 de April de 2011 00:00

Seis retoques en la Ley de Economía Popular

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Tras recoger las observaciones de decenas de organizaciones del país, la Comisión de lo Económico y Tributario de la Asamblea realizó seis puntualizaciones principales sobre el proyecto de Ley de Economía Popular y Solidaria (ver cuadro adjunto).

El titular de la Comisión, Francisco Velasco, las dio a conocer en el Pleno de la Asamblea, el pasado martes. Allí resaltó que el proyecto es importante para vincular a la actividad económica a la mayor cantidad de personas vinculadas con el negocio inclusivo. “El Estado, por ejemplo, compró USD 75 millones en alimentos el año pasado. El 27% salió de las llamadas ferias inclusivas”.

Pero el proyecto, pese a los cambios no satisface a los sectores involucrados. Según Marín Bautista, gerente de Financoop, hay aún puntos pendientes de considerar.

“Esperemos que en el segundo debate que se realizará la próxima semana se permita que las cooperativas, previa calificación, puedan expedir y manejar cuentas corrientes. Con ello, podríamos emitir cheques que puedan ser negociados en el sistema financiero en todo el país”.

Y otro tema que las cooperativas presionan es por la forma que se pretende constituir el Fondo de Liquidez. “El Fondo en sí nos parece bien, pero estamos en desacuerdo en su manejo. Se establece que el Directorio del Fondo esté manejado por dos representantes del Estado y uno de las cooperativas. Pedimos que sea al revés: dos nuestros y uno del Estado, porque son nuestros fondos”.

Del lado de los comerciantes minoristas también hay críticas al proceso de aprobación, aunque aseguran que ha sido un éxito lograr que se incorpore a este grupo de personas dentro de la Ley de Seguridad Social.

Carlos Castellanos, presidente de la Confederación Unitaria de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos del Ecuador (Cucomitae) señala que también fue un acierto que los minoristas ya no sean tratados como microempresarios, sino que se haga una diferenciación.

“Sin embargo, el proyecto aún no recoge el tema de la estabilidad laboral en nuestros sitios de trabajo (plazas, parques, mercados...) y el de las políticas de comercialización dentro de los cantones y las parroquias del país”.

En este sentido, el asambleísta Paco Moncayo asegura que este grupo de comerciantes requiere de una ley específica.

Durante estos días, la Comisión seguirá recibiendo a las delegaciones de varias provincias.

Las incorporaciones en el proyecto

El proyecto de ley cambió su nombre de “Ley de Economía Popular y Solidaria” a “Ley de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario”, una incorporación muy solicitada por los actores del sector.

Ahora el proyecto obliga a las instituciones de la banca privada, las más grandes, a incorporar programas especiales (créditos, finanzas, etc.), para los miembros de la Economía Popular y Solidaria.

Además, las instituciones financieras deberán plantear programas para implementar el uso de nuevos medios de pago que serán utilizados por los miembros de la Economía Popular y Solidaria.

El Estado fomentará y preferirá la compra de productos y servicios para su consumo de los miembros de la Economía Popular y Solidaria. Con ello se busca mejorar la distribución de la riqueza.

Las personas y organizaciones que estén amparadas bajo el régimen de Economía Popular y Solidaria tendrán derecho a los beneficios de la Ley de Seguridad Social. Serán tratadas de manera igual.

Los beneficios que concede el Código de la Producción, en vigencia desde este año, también serán válidos para todos los miembros de la Economía Popular y Solidaria. Con ello, no solo las grandes empresas se beneficiarán.

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