26 de May de 2011 00:03

El sector eléctrico busca marco legal para crecer

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La incertidumbre de las empresas vinculadas con los negocios del sector eléctrico y la prestación de servicio aumentó. Pues todavía no existe un borrador que sirva de discusión de la nueva Ley Eléctrica que regulará el mercado, la cual es necesaria para que los empresarios emprendan sus nuevos proyectos de inversión.

El malestar se generó ayer en Guayaquil durante la inauguración del III Congreso del Sector Eléctrico: “La correlación sector privado, sector público y la norma constitucional”. Ahí se esperaban detalles o pistas del nuevo marco legal. Desde que se aprobó la Constitución el 2008 debía crearse una ley para su regulación, pero no se ha concretado.

Uno de los expositores era Francisco Vergara, presidente ejecutivo del Conelec, que iba a explicar el marco que regirá al sector pero no asistió. Fue reemplazado por Jaime Argüello, procurador de la entidad.

La exposición de Argüello se basó en los planes y proyectos para aumentar la generación de energía, regular las tarifas, reducir las pérdidas negras y otros temas. Pero los asistentes querían saber las bases que se van a utilizar para la nueva ley.

Arturo Clavijo, del Colegio Regional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (Criel), dijo que es urgente una Ley para el sector y recordó que ya han pasado más de tres años en espera. “No se ha elaborado un borrador para su discusión. No se puede seguir esperando más tiempo”.

Otra de las inquietudes fue la aplicación de una tarifa nacional que permita recuperar los costos de producción y comercialización de las empresas eléctricas. Así también consultaron sobre los planes de expansión de generación y sus plazos.

Argüello solo se limitó a decir que se espera que en el 2011 se pueda concretar la nueva ley. “No se cuenta con un borrador base que conste con las opiniones de otras entidades relacionadas con el sector como el Cenace, Conelec, Celec”.

En cuanto a las tarifas, el funcionario mencionó que se mantendrán las tarifas diferenciadas para los más pobres y las industriales. Hasta septiembre del 2010 el subsidio de la tarifa de la dignidad bordeó los USD 33 millones. La propuesta es reducir el costo de generación.

Erika Castillo, organizadora del evento, fue más crítica y dijo que la expectativa era conocer por lo menos el esqueleto de la norma constitucional, pero la noticia que recibieron los asistentes es que no hay ni siquiera un borrador. “Eso es muy grave ya que seguimos en el limbo. Las empresas privadas no saben qué va a pasar con ellos porque no hay reglas claras”.

Castillo contó que lo más preocupante es que no se define si se mantendrán las empresas como públicas o mixtas. “El propio presidente Rafael Correa habla de que deben ser públicas pero todavía hay empresas híbridas o que son privadas como la que tiene La Fabril. Todos se preguntan hacia dónde va el modelo”.

Para hoy se tiene previsto analizar los proyectos de generación alternativa a partir de la biomasa agrícola y el plan de reducción de pérdidas comerciales en las empresas de distribución.

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