El presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Eduardo Peña, acudió a la oficina regional de la Corte Constitucional para ingresar una demanda contra los impuestos verdes; pero esta no fue aceptada.
Carlos Zambrano, funcionario de la regional (ubicada en el centro de Guayaquil), explicó que en esas oficinas “no se reciben acciones, sólo están para capacitación y trámites administrativos”. Ante la negativa, Peña dijo que ingresará la demanda mañana a las 10:00 en la secretaría de la Corte Constitucional, en Quito.
El documento de nueve páginas alega la inconstitucionalidad de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, aprobada por el presidente Rafael Correa mediante decreto de ley el 24 de noviembre pasado. Aunque, la Asamblea Nacional resolvió por mayoría negar el trámite de ese proyecto el 17 de noviembre pasado.
En la tercera hoja de la demanda argumenta que “al haber existido una negativa expresa por parte de la Asamblea, hacía inviable que el señor Presidente pueda promulgarlo, tal como lo hizo”.
Además sostiene que otro “vicio de inconstitucionalidad” en la ley es que trata cuatro materias que “no tienen relación alguna entre sí”.
El cuerpo jurídico abarca reformas a normas: Tributaria, Procesal Civil, Laboral y de Gobiernos Autónomos Descentralizados.
Al final de los fundamentos, el demandante alega que la ley infringe los artículos 140, 136, 82 y 75 de la Constitución. Por lo que solicita se declare “la inconstitucionalidad del texto íntegro”. Además pide que se suspenda provisionalmente los efectos de la ley debido a que “se encuentra ya en aplicación y esto podría acarrear graves consecuencias a los administradores”.
En la última página, solicita que se comunique sobre la existencia de la demanda al Presidente Correa y a Diego García, procurador general del Estado. Esto con el objetivo de “sustanciar el debido proceso”.