La Cancillería anunció que la delegación del Gobierno que se encuentra en Bruselas tratará dos temas con las autoridades de la Unión Europea: el reinicio de las negociaciones de un acuerdo comercial para el desarrollo y puntos relativos sobre el sistema general de preferencias con Europa.
Este mecanismo, al igual que la Ley de Preferencias Arancelarias de EE.UU. (Atpdea), se otorga al país de manera unilateral. En diciembre del 2012 terminará el período de vigencia del mismo, por lo que urge un acuerdo con el bloque regional.
Para el Gobierno, de reanudarse los diálogos, la concreción del acuerdo no tomará más de tres rondas de negociación, ya que antes que se interrumpan las negociaciones, en julio del 2009, ya había acuerdo en la mayoría de las 14 mesas.
Los puntos más polémicos giran alrededor de tres temas: propiedad intelectual, servicios y compras públicas. En este último punto hay divergencias con Europa, dado que ellos quieren participar como cualquier oferente, mientras que el país propone que las empresas nacionales tengan ventaja con un precio superior al 30%.