26 de July de 2010 00:00

La reforma petrolera sin un debate tiene reparos

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Redacción Negocios y Guayaquil

La posibilidad de que las reformas a la Ley de Hidrocarburos y de Régimen Tributario Interno entren por el Ministerio de la Ley generó cuestionamientos desde los sectores sindicales, académicos y de la empresa privada.

Ayer, el presidente Rafael Correa, en el desfile por el Día de la Armada, en Guayaquil, ratificó que hoy enviará el proyecto a publicarse en el Registro Oficial al reiterar que se venció el plazo para que la Asamblea discutiera.

El ex presidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta, indicó que con el proyecto el Régimen quiere presionar a las empresas petroleras privadas para que inviertan con el objeto de incrementar las tasas de extracción de crudo.

Advirtió que otro efecto inmediato del Gobierno es disponer de un marco jurídico que le permita adjudicar directamente los contratos para exploración o explotación de hidrocarburos a empresas estatales o mixtas.

“Al parecer no le interesa fortalecer a los entes estatales, como manda la Constitución”.

Explicó que la entrada en vigencia por el Ministerio de la Ley podría provocar una serie de reclamos e incertidumbre en el sector hidrocarburífero.

Dijo que podrían presentarse además demandas de inconstitucionalidad ante la creación de la Agencia de Control Hidrocarburífero sujeta al poder del Ejecutivo. Esto, según el artículo 213 de la Constitución que dispone la creación de superintendencias como entes independientes.

También se podría cuestionar la rebaja del Impuesto a la Renta de las petroleras del 44 al 25%, la disminución de las utilidades a los trabajadores y la posibilidad de que los campos maduros de Petroecuador se entreguen a empresas extranjeras, entre otros.

El presidente del Colegio de Ingenieros Petroleros de Pichincha, Gustavo Pinto, opinó que de entrar en vigencia el proyecto original del Ejecutivo, el sector hidrocarburífero continuaría en crisis, ya que se observaría el debilitamiento de Petroecuador ante la posibilidad de que se delegara sin concurso la operación de campos, incluyendo los denominados campos maduros.

Esta delegación podría extenderse al almacenamiento, transporte, refinación y comercialización de hidrocarburos a la iniciativa privada o a compañías de economía mixta, indicò Pinto.

El ex sindicalista petrolero, Fernando Villavicencio, afirmó que con la vigencia directa del proyecto por el Ministerio de la Ley, el Gobierno tendría la capacidad de entregar los campos de Petroecuador a compañías de China, Venezuela, Indonesia o Rusia.

El presidente del Comité de Energía de la Cámara Ecuatoriano Americana, Héctor Paz y Miño, dijo que las reformas entregadas por el Ejecutivo desconocen las premisas básicas que a nivel internacional rigen la inversión de riesgo en exploración y producción de hidrocarburos.

Esto debido a que bajo el modelo de prestación de servicios, a su criterio, se desconocería el beneficio para las compañías que hacen inversiones de riesgo con el aumento del precio del petróleo. Y por el contrario, si el costo baja, la empresa privada asumiría todo el perjuicio.

Aunque esta política generaría una renta de más del 90% para el Estado, Paz y Miño indicó que desmotivaría significativamente las inversiones privadas.

Los puntos controversiales del proyecto

La adjudicación de los contratos de prestación de servicios para la exploración y/o explotación de se hará vía licitación  excepto  en el caso de empresas extranjeras estatales o mixtas donde podrán delegarse directamente. (Art 8). 

Los campos marginales  se encuentran al margen de las reformas en el informe para el segundo debate. Ello implica que no estarán obligadas a migrar de modelo de contrato de participación  de prestación de servicios. (Trans. 1). 

La Agencia  de Control y Regulación  Hidrocarburífera estará sujeta a las disposiciones del directorio donde el  Gobierno tiene mayoría (Art. 8). En la Constitución se define la conformación de una superintendencia independiente para estos sectores. 

Las utilidades que reciben los trabajadores de las compañías petroleras se reducen del 15 al 3%. El 12% restante se repartirá entre las comunidades que reciben el impacto de la actividad petrolera.

El Impuesto a la Renta de las compañías petroleras se reduce del 44 al 25% al pasar sus contratos  al modelo de prestación de servicios. Sin embargo, empresas como Agip que trabajan bajo prestación de servicios pagan el porcentaje anterior.

Se cuestiona la constitucionalidad de incluir  temas laborales, tributarios y petroleros en un mismo proyecto de ley.

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