Quinto intento por cerrar las heridas de la crisis de 1999

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Santiago Ayala S. Coordinador

Han transcurrido 15 años del descalabro financiero que vivió el país y aún las heridas siguen supurando. Durante todo este tiempo, las autoridades de turno han diseñado fórmulas para que, ahora sí, la crisis bancaria de 1999 sea enterrada para siempre.

Pero ninguna ha funcionado tal como se la concibió. La primera estrategia fue la aprobación de la Ley de Reordenamiento en Materia Económica en el Área Tributaria Financiera, del 13 de mayo del 2000. Allí se le entregó a la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) capacidad de incautación de bienes de la banca cerrada y facultad coactiva para cobrar créditos a sus clientes.

Su gestión se desarrolló en medio de denuncias y de la incapacidad de vender los bienes que se incautaron. De cifras, ni hablar, nunca fueron claras.

Por ello, el 31 de diciembre del 2008 se aprobó la Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera, que transfirió el proceso coactivo y de incautación al Ministerio de Finanzas. Fue el fin de la AGD. Y la promesa de que con esta segunda fórmula se cerraría este capítulo.

A la par, en abril del 2009, la entonces superintendenta de Bancos, Gloria Sabando, anunciaba "el punto final a la crisis bancaria de 1999".

En un acto público, la exfuncionaria aseguró que la crisis se sellaba con el cierre definitivo de 32 instituciones que afrontaron insolvencia.

Lejos estuvo de cumplirse eso. Fue cuandro en octubre del 2010, con el Código de Planificación y Finanzas Públicas, se creó la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público del Fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad. El proceso de venta de los bienes incautados tampoco se cumplió tal como se lo planificaron sus gestores.

Y durante este tiempo, tampoco se había abordado el tema de los deudores y de los acreedores de la banca cerrada.

Ahora, el Gobierno lanza un quinto intento por terminar con este capítulo de 15 años. Por eso envió a la Asamblea un proyecto urgente, con un nombre que vuelve a repetir la promesa: "Ley para el cierre de la crisis bancaria de 1999".

Sin embargo, este documento, que tendrá mañana su debate final en la Asamblea, prevé solucionar tres ejes: viabilizar la transferencia de bienes incautados a la banca cerrada al Estado, pagar hasta USD 75 000 a cada acreedor y refinanciar las deudas de clientes de la banca cerrada, a una tasa de interés de 5% y a cinco años plazo.

Por eso, en el mejor de los casos, y de darse el proceso cumpliéndose los plazos y sin contratiempos, esta parte de la crisis bancaria se estaría solucionando en un lustro.

La propia asambleísta oficialista, María Alejandra Vicuña, está consciente de que con esta ley solo se estaría tratando de cerrar "en algo" el atraco bancario. Y llamó para que se investigue y se sancione a administradores, liquidadores y todos quienes han estado vinculados a estos procesos desde el 'crack' bancario.

Algo que fue secundado por una mayoría de legisladores, durante la primera parte del debate en la Asamblea, ayer.

Para la asambleísta Mae Montaño, "la ley no debe significar impunidad para los culpables del feriado bancario. Y debe poner a la venta los medios de comunicación incautados".

El proyecto de ley es de importancia para el país porque están en juego recursos que los depositantes colocaron en los bancos que cerraron. Todos los recursos que ahora intenta recuperar el Estado tienen, de alguna forma, que ver con cada ecuatoriano, porque con el salvataje bancario se entregó recursos que eran de todos.

De ahí que se espera una correcta administración de los bienes que se incauten (alrededor de USD 250 millones, según cifras preliminares).

Por el lado de los deudores, el interés está en que se salde un drama social. Las deudas suman USD 2 693 millones, pero, de aprobarse esta ley, se les condonaría intereses, gastos judiciales e intereses de mora.

Por tanto, el Estado recibiría a lo largo de cinco años un total de USD 998,5 millones.

En este punto hay un conflicto: los deudores de buena fe. Este grupo, que suma 5 000 personas, asegura que la propuesta de refinanciar sus haberes al 5% por los próximos cinco años no es suficiente y muchos volverán a caer en mora, debido a los altos montos que deberían pagar al mes. Ellos piden que sea el 0% de interés a 15 años plazo. Esta solicitud no ha sido apalancada por los asambleístas hasta el momento.

El otro aspecto importante es el de la devolución de dineros a los acreedores de la banca cerrada. Es decir, mientras por un lado podrán ingresar recursos al Fisco, por el otro saldrán.

Se trata de la devolución de hasta USD 75 000 a 44 921 acreedores. El monto total aún está por definirse, ya que debe analizarse caso por caso.

En contexto La mayoría de asambleístas pide mayor información sobre las acciones tomadas para recuperar los dineros públicos, tales como incautaciones, venta de empresas, dineros de depositantes... La falta de información oficial fue criticada durante el debate en la Asamblea.

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