13 de June de 2012 00:03

La prioridad del Gobierno de Ecuador está ahora en los burós de crédito

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De carambola, el proyecto de reformas a la Ley de Burós de Información Crediticia, que se debate actualmente en la Asamblea, y que fue planteado por el legislador Fernando Vélez, le cayó a la medida al Gobierno, en su plan de evitar una futura crisis de sobreendeudamiento en el país.

Según el Régimen, 400 000 familias tienen complicaciones para hacer frente a sus deudas, un problema que, en el caso de multiplicarse, generaría serios problemas para las personas, el sistema financiero y la economía.

Luego de las primeras resoluciones de la Junta Bancaria (JB), de obligar a las entidades financieras a proveer a los clientes información clara y didáctica, ahora la mirada apunta hacia la información que se remite a los burós de información crediticia.

Actualmente, existe solo un buró en el país, Equifax, de capitales chilenos, que maneja la información de las entidades reguladas por la Superintendencia de Bancos y de las casas comerciales.

La idea, para la ministra coordinadora de la Política Económica, Jeannette Sánchez, es ampliar y cruzar la información de los clientes que mantengan deudas en otras entidades del Estado.

Sánchez explica que toda la información de deudas o multas que una persona mantenga sea consolidada en estos burós de información crediticia, por ejemplo, obligaciones pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI) o hasta pensiones alimenticias que estén impagas.

En eso coincide el presidente del Directorio del Banco Central, Pedro Delgado, para quien es necesario disponer de una mayor cantidad de información sobre potenciales deudas de las personas. “No queremos contraer el crédito, sino que se los otorgue de una manera responsable”.

Las reformas a la Ley de Burós se encuentra en manos de la Comisión de lo Económico de la Asamblea. Para hoy se prepara un nuevo debate interno previo a la aprobación del informe para segundo debate en el Pleno legislativo.

Hasta ahora, la propuesta es disminuir de seis a tres años el historial crediticio de los clientes, que los reportes emitidos excluyan la referencia a valores inferiores a 0,15 veces el salario unificado (USD 43,80) y la posibilidad de que exista un buró de crédito operado por una empresa pública.

Sin embargo, dado el nuevo escenario de indicios de sobreendeudamiento, anunciado por el Régimen, el 26 de mayo, hace prever mayores cambios dentro de esta propuesta de ley.

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