30 de July de 2011 00:02

El plan de renuncias motivará marchas

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Varias reuniones y movilizaciones gremiales iniciarán desde la próxima semana, en contra del Decreto Ejecutivo No 813.

En él se establece la cesación de funciones por compra de renuncias obligatorias con indemnización, para los servidores públicos.

La primera marcha está prevista para el 5 de agosto. Los manifestantes tienen previsto entregar una demanda de inconstitucionalidad de dicho Decreto ante la Corte Constitucional (CC).

Ellos se concentrarán en la Caja del Seguro Social de Quito, desde las 17:00. Desde allí partirán junto a sus familiares hacia la CC, frente al parque El Arbolito.

Miguel García, representante de los servidores públicos, no descartó una paralización de actividades en entidades públicas. Además dijo que la estabilidad laboral no está en venta.

En Guayaquil, la protesta está planificada para el 10 de Agosto. Ese fue el anuncio de Bolívar Merchán, presidente de la Federación Democrática de Trabajadores del Guayas (FDTG).

Merchán dijo que una reunión previa a la marcha se realizará el 2 de agosto a las 17:00 en la sede de la institución que preside, en Franco Dávila y Coronel, centro de la urbe porteña.

Nelson Erazo, presidente nacional de la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), dijo que las concentraciones se repetirán en otras partes del país. El 19 de agosto, por ejemplo, está prevista una en Cuenca.

Erazo manifestó que el objetivo del Gobierno es reubicar en un puesto vacante (por el despido) a tres nuevos trabajadores.

“Dizque es un plan de ahorro para el Estado, pero se está fomentando la precarización laboral, porque un sueldo de USD 900 lo piensan dividir en 3 para pagar solo USD 300”, indicó.

Erazo dijo que el Movimiento Popular Democrático (MPD) ya presentó una demanda de inconstitucionalidad sobre este tema, el miércoles pasado. Pero los trabajadores plantearán otra.

Según datos de la UGTE, más de 50 000 trabajadores públicos fueron separados de sus funciones en el último año, a través de jubilaciones, compra de renuncias o despidos intempestivos.

El caso más reciente fue el de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT). Unas 500 personas fueron separadas de las agencias en la provincia del Guayas y otras 120 de Manabí.

Ex trabajadores de la CNT en Guayaquil dicen que desde sus despidos, notificados el 24 de junio pasado, aún no reciben sus liquidaciones. Y temen que no se incluyan los beneficios que contemplan sus contratos colectivos.

Sin embargo, César Regalado, gerente General de la CNT, explicó que 250 personas ya recibieron sus liquidaciones anuales este mes. “El resto no se ha podido porque tienen que devolver activos”, sostuvo Regalado.

Al momento han salido de la empresa cerca de 1 000 personas. Unos por renuncia voluntaria, pues debían acogerse al plan de jubilación. Otros, por despidos, en áreas administrativas.

“Los últimos despidos han sido en áreas que no son técnicas; (puestos) que fueron motín político. Había casos en que un chofer ganaba USD 1500 y señoras que servían café ganaban USD 1 200”, puntualizó.

La cronología

Octubre 6 de 2010

El primer paso de reestructuración del Estado fue la aprobación y vigencia de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), emitida por el presidente Rafael Correa, a la Asamblea.

Noviembre del 2010

En este mes empezó la desvinculación de servidores públicos que tengan más de 70 años.Luego inició la salida de los empleados, pero hubo casos en los que no fueron indemnizados.

Junio 10 de 2011

El ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, emitió la Resolución Ministerial 00158 en la que se establece el mecanismo de renuncia voluntaria y los montos de indemnización.

Julio 7 del 2010

Se emite el Decreto 813 que establece la compra de renuncias obligatorias. Aparte de esto fueron despedidos empleados de M. Finanzas y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones.

Decreto 813

Mediante el Decreto Ejecutivo 813, del 7 de julio pasado, se reformó el Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP).

En el Art. 8 se añadió un texto donde se explica la cesación de funciones por compra de renuncias con indemnización.

Allí se establece que el monto de indemnización que tendrán derecho de recibir las o los servidores, será de 5 salarios básicos unificados por cada año de servicio y hasta por un valor máximo de 150 salarios básicos, el cual se pagará en efectivo.

Quienes hayan recibido indemnización por compra/venta de renuncia o por retiro voluntario, no los exime de que puedan suscribir un contrato de servicio civil, tal como lo contempla la Ley de Servicio Público.

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