26 de July de 2010 00:00

A. País impidió el debate de la ley petrolera

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Redacción Política

Una vez más, el criterio del presidente de la República, Rafael Correa, se impuso en Alianza País.

Ayer, a las 19:45, el bloque oficialista no dio el quórum necesario (63 legisladores de 124) para que el Pleno de la Asamblea tratara en segundo debate el proyecto de reformas a la Ley de Hidrocarburos y de Régimen Tributario, enviadas por el Ejecutivo con el carácter de urgente, y cuyo plazo, según los calendarios legislativos, vencía anoche a las 23:59.

Correa ya lo advirtió: la ley petrolera debía a entrar por el Ministerio de la Ley. Esto debido a la interpretación que ha dado el Ejecutivo a la caducidad de los plazos para el tratamiento de este proyecto en segundo debate.

Según Correa, como la primera discusión terminó el lunes 19 de julio, el Pleno debía reunirse en los cuatro días siguientes para la segunda discusión. Es decir, el viernes. Como eso no ocurrió, para el Primer Mandatario, este proyecto es un hecho.

Alianza País acató las órdenes. El fin de semana fue intenso en encuentros reservados y contactos telefónicos. Ayer, desde las 17:00, los asambleístas se reunieron con el canciller Ricardo Patiño; Doris Soliz, ministra de Coordinación Política; Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia; Eduardo Paredes, entre otros miembros del buró político.

Además, de los legisladores de Alianza País, llegaron los socialistas Marisol Peñafiel y Pedro de la Cruz. El bloque buscaba aclarar con el Ejecutivo el enredo de los plazos. Pero Mera insistió en la versión del Presidente.

A las 19:45 bajó Cordero al salón plenario. En el hemiciclo estaba su coideario Paco Velasco, presidente de la Comisión de lo Económico, que analizó el paquete de reformas. Eran los dos únicos miembros de Alianza País.

La estrategia del oficialismo fue no bajar al Pleno, a menos que la oposición reuniera el quórum. Estuvieron Paco Moncayo (Alianza Libertad), el independiente Jimmy Pinoargote, Andrés Páez (ID), Rafael Dávila, la bancada de Sociedad Patriótica, los del MPD y Pachakutik. También PSC y Madera de Guerrero, César Montúfar (Concertación Nacional)' pero no completaron 63.

Cordero constató por cinco ocasiones, en un lapso de 45 minutos, el quórum. Solo estuvieron 60 asambleístas y Cordero ordenó al secretario Francisco Vergara multar a todos los ausentes.

La oposición comenzó a gritar “que bajen, qué bajen”, en referencia a el bloque deA. País, que se mantenía en el primer piso.

La estrategia de A. País había dado resultado. Es decir, el camino estaba allanado para que las reformas entraran por el Ministerio de la Ley, como planteó Correa.

Pasadas las 21:00, A. País llamó a una rueda de prensa. Su portavoz fue Juan Carlos Cassinelli, coordinador del bloque. Como un signo de unidad, estaba acompañado de todos sus coidearios, con excepción de Betty Amores.

No hubo preguntas. Cassinelli dijo que la ley que hasta ayer regía “perpetuaba el atraco petrolero” y defendió las reformas. No obstante, dentro del bloque trascendió la posibilidad de tramitar un nuevo proyecto legal, pero nada está claro por el momento.

Reacciones

Fausto Cobo, de Sociedad Patriótica: ‘La Asamblea,  al servicio de la Presidencia’

El cinismo ya no tiene límite. El presidente Fernando Cordero y el oficialismo  pusieron a la Asamblea al servicio de la Presidencia. Nosotros no podemos hacer nada,  no tenemos el control de la Legislatura. Esa Ley de Hidrocarburos  es un asalto al país.  

 

Paco Moncayo, de Alianza Libertad:  ‘Fue una repetición de las viejas prácticas políticas’

Lo que sucedió    fue una repetición de las viejas prácticas políticas que tanto prometió el presidente Correa que no se volverían a vivir. La ley como la envió la Presidencia es peligrosa, por eso la solución es una ley reformatoria o derogatoria a ese proyecto.     

Cynthia Viteri, de Madera de Guerrero: ‘Cordero puso el proyecto  bajo el colchón’ 

Fernando Cordero retrasó el debate todo lo que ha podido. Lo tuvo bajo el colchón. Esto es el descaro más grande ante la presión que ejercieron el canciller, Ricardo Patiño, y el secretario jurídico, Alexis Mera, quienes vinieron a  dar las órdenes.

11  puntos controversiales de la norma

La adjudicación   de los contratos de prestación de servicios para la exploración y/o explotación de se hará vía licitación,   excepto  en el caso de empresas extranjeras estatales o mixtas donde podrán delegarse directamente sin un concurso.  

Los campos marginales  están incluidos en la Ley. Estos contratos tendrán que renegociarse en un plazo máximo de 180 días. Los campos marginales representan hasta el 6% de la producción petrolera nacional.  

La Agencia  de Control y Regulación  Hidrocarburífera estará sujeta a las disposiciones del Directorio, en el cual el  Gobierno tiene mayoría. En la Constitución se define la conformación de una Superintendencia independiente para estos sectores. 

Las utilidades   que reciben los trabajadores de las compañías petroleras se reducen del 15 al 3%. El 12% restante se repartirá entre las comunidades que reciben el impacto de la actividad petrolera.

El Impuesto a la Renta   de las compañías petroleras se reduce del 44 al 25% al pasar sus contratos  al modelo de prestación de servicios. Sin embargo, empresas como Agip, que trabajan bajo prestación de servicios,  pagan el porcentaje anterior.

Se cuestiona    la constitucionalidad de incluir  temas laborales, tributarios y petroleros en un misma ley.

Se  elimina  el concepto de reembolso de las inversiones de las  petroleras y establece una tarifa única que se pagará a las petroleras por cada barril neto producido y entregado al Fisco. Las petroleras han pedido que esta tarifa sea flexible de acuerdo con  los precios del petróleo.

Las compañías tendrán  un premio adicional a su utilidad al incursionar en actividades de exploración para ampliar sus reservas o implementar técnicas para extraer más crudo. Sin embargo,  petroleras han indicado que ello no sería suficiente para sostener la rentabilidad.

Sectores sindicales  y académicos han criticado que se disponga la renegociación de los contratos, porque  varios de los convenios  vencen en los próximos años. Indican que esos acuerdos deberían liquidarse para que los pozos se reviertan al Estado.

La Ley no toma en cuenta  la evaluación de los pasivos ambientales que podrían haber generado hasta el momento las compañías petroleras que extraen petróleo.

El carácter económico  urgente del proyecto ha sido extensamente criticado por varios sectores. Los reclamos han llegado de  grupos  que han  manifestado  que debía  haber más tiempo para que se discuta un proyecto  de tanta  trascendencia. El carácter económico urgente solo  daba un plazo de 30 días para el debate.

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