29 de November de 2012 00:00

Juicio a ex directivos de EICA espera un sorteo

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La administración estatal no ha logrado vender el conglomerado de empresas EICA. En 4 años, más bien, recopila denuncias, juicios e investigaciones en curso.

Uno de los procesos legales fue iniciado este año por el entonces fiscal del Guayas, Antonio Gagliardo, por presunto peculado. Sustentó su dictamen en base al informe de Contraloría General del Estado ER1-0027-2011.

En ese documento se señalan indicios de responsabilidad penal en la contratación de maquinaria para obra vial con la intermediaria Z Group, con sede en Miami. Este contrato, por cerca de USD 33 millones, fue firmado con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

El pago del 30% de anticipo (USD 477 000) del contrato sin las firmas autorizadas, la venta de maquinarias sin autorización del dueño de la marca y la falta de contratación por Compras Públicas fueron objetados. El perjuicio al Estado equivaldría al monto de ese anticipo, según Gagliardo.

El 2 de octubre pasado, el presidente de la Corte de Justicia del Guayas, Francisco Morales, llamó a juicio a cuatro ex funcionarios de la incautada EICA y al representante de Z Group. Tienen órdenes de detención.


Por EICA constan: G. Castro, ex gerente general de la empresa; A. Muñoz, ex director corporativo; A. Galarza, ex gerente comercial; L. Rivas, ex gerente financiero; y S. Zambrano, presidente de la compañía Z Group.

El juicio continúa. La defensa solicitó el recurso de nulidad.

Según Dimitri Durán, abogado de A. Muñoz, no cabe la presunción de peculado, porque al estar en un fideicomiso las gestiones de EICA tienen cobertura de índole privada; no pública. Dijo que la contratación con Z Group surgió para suplir el incumplimiento de la marca CASE. “Era eso o asumir multas mensuales de USD 250 000”, manifestó.

El caso está a la espera del sorteo, para pasar a una de las salas penales del Guayas.

Antes de su nombramiento como juez constitucional, Gagliardo explicó que para él dicha subcontratación fue injustificada.

“EICA dejó de comprar maquinaria a CASE, de la que tenía representación en el país, para hacer negocios con Z Group. Y con sobreprecio”, detalló (ver info).

La Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público, a cargo de las empresas incautadas, hizo público su apoyo a la investigación, en agosto pasado, para “que se sancione a estos malos administradores que faltaron a su deber (...) de cuidar los bienes que fueron de los banqueros corruptos y hoy pertenecen al Estado”.

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