La jornada laboral en la planta de Maxigraf S.A., en Guayaquil, se retomó ayer con una administración transitoria y el pedido para que cuatro trabajadores que firmaron sus renuncias vuelvan a sus puestos.
Al frente de la administración está Tamara Ortiz, luego de la renuncia de Robert Andrade como presidente y gerente de esta empresa incautada a los hermanos Isaías, en 2008. Mañana se prevé anunciar al administrador titular.
Ortiz se desempeñaba como gerenta financiera, y el miércoles pasado había anunciado su renuncia junto con Andrade. Ese día, un grupo de trabajadores se declaró en rebeldía para exigir estabilidad laboral.
Por 24 horas, hasta la tarde del jueves pasado, la compañía estuvo tomada por sus obreros.
Días antes, la administración motivó la firma de renuncias voluntarias bajo presión, según versiones de los trabajadores.
Ese es un tema que ya se está subsanando, según dijo Kirk Mazzini, abogado del fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad, a cargo de las firmas incautadas. “Son situaciones que pueden haber ocurrido, pero eso se está subsanando. La actual administración lo resolverá”, aseguró.
La implementación de la figura de compra de renuncias voluntarias (que se ha utilizado en instituciones públicas) fue cuestionada, porque esta imprenta se maneja bajo el derecho privado.
Según Mazzini, la coacción (imposición de condiciones) no existe de ninguna forma. “Eso va a ser revisado”, aseguró.
Maxigraf declaró utilidades netas por USD 134 351 en el 2010. La información sobre el período siguiente no está disponible.
Según la herramienta web de la Superintendencia de Compañías, ya se comunicó a Maxigraf que no ha cumplido con sus obligaciones ante esta entidad.
Falta la presentación de informes de: balance, nómina, auditoría del 2010, entre otros. También está pendiente información del 2011, así como la emisión de títulos de créditos del 2012.
Según registros de la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público (Ugedep), administradora del Fideicomiso No Más Impunidad, en el 2009 la compañía tuvo pérdidas por USD 635 775.
Fernando Monroy, secretario de Comunicación del Comité Especial de Trabajadores, conformado para afrontar la actual crisis, manifestó que la administradora temporal recibió un pliego de peticiones en nombre de un centenar de compañeros.
Allí se pidieron garantías de estabilidad laboral, que los nuevos administradores tengan conocimiento de la industria gráfica y que se asegure el reintegro de sus compañeros.
En total, trabajan cerca de 200 personas entre las plantas de Guayaquil, Durán y Quito.
“Esta empresa siempre fue productiva y la han mandado al fondo”, dijo Monroy, tras destacar que la operatividad ha disminuido desde finales del año anterior, por falta de materia prima.