13 de May de 2012 00:00

Hipotecarios, mínimo el 5%

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La Asamblea modificó el proyecto original del Ejecutivo sobre el manejo de las hipotecas en el país y lo transformó en una herramienta para dirigir el crédito en el sistema financiero.

El martes pasado, los asambleístas aprobaron una ley para que la banca privada, que maneja recursos de los depositantes, destine al menos el 5% de su patrimonio técnico para créditos hipotecarios.

La justificación: garantizar que no se frenen los préstamos para la compra de vivienda, luego de que la banca advirtiera que el proyecto de ley desaceleraría la entrega de créditos hipotecarios.

Pero la banca además anticipó que los créditos para la compra de autos también perderían dinamismo por la misma ley, pero los asambleístas se olvidaron de obligar a los bancos a prestar otro 5% de su patrimonio para que la gente se compre un auto.

Y como la idea es que no se frenen los préstamos, también debieron, por qué no, obligar a que otro 10% sirva para financiar a las pequeñas empresas. Pensándolo mejor, debieron obligar a que el 20% vaya a financiar a las provincias más pobres del país. No, mejor que sea el 30%, para que no haya duda sobre la vocación social del Gobierno.

Bajo la lógica del oficialismo, los recursos de los depositantes deben ser de “utilidad pública”, para cumplir los objetivos del buen vivir. Cuando un gobierno quiere impulsar el desarrollo de ciertos sectores suele poner incentivos en las leyes. Pero la Asamblea impuso la obligación de dar crédito a un sector. En un caso extremo, si un banco quiebra por entregar mal los créditos, ¿qué grado de responsabilidad tendrá el Gobierno que obligó a hacerlo?

Actualmente, el sistema financiero supera con creces ese 5% para la compra de vivienda, pero existen nueve bancos que deberán dar un giro en su negocio y aumentar sus créditos hipotecarios para cumplir con la disposición legal. Un efecto similar se prevé para las cooperativas.

En los próximos días se espera la respuesta del Ejecutivo sobre lo aprobado por la Asamblea. Ahí quedará claro si el Gobierno empezará a decidir a dónde debe ir la plata de los depositantes.

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