15 de July de 2011 00:02

El Gobierno dice que eliminó 4 000 partidas

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El Decreto Ejecutivo 813, que estipula la compra de renuncias obligatorias a los servidores públicos entró en vigencia el pasado 12 de julio con la publicación en el Registro Oficial, con el número 489.

Es por ello que los representantes de las diferentes instituciones del Estado se reunieron en la tarde y noche del pasado miércoles para establecer su posición frente a esta modificación en la Ley de Servicio Público (Losep). En dicha normativa consta el artículo 47, literal k, que deja abierta la posibilidad de comprar renuncias.

Unos 38 dirigentes decidieron declararse en sesión permanente y no desestiman una paralización de actividades. Esto se definirá el próximo martes en una nueva reunión. Además, emitirán una acción de protección en contra del Decreto 813 y una demanda ante la Organización Internacional del Trabajo.

Pero no solo se trató el tema de la compra de renuncias. Un servidor público, que prefirió no identificarse, señaló que en las instituciones públicas “hay más funcionarios de contrato que de nombramiento”. Él puso un ejemplo: “antes, en nuestra oficina éramos cuatro personas, ahora somos 10”. El burócrata cree que esta acción es para restar funciones a las personas que tienen nombramiento.

Ante esto, el ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, señaló que después de la jubilación de las personas que tienen 70 años, se eliminará el exceso de personal.

“Se desvincula a la gente después de un proceso técnico, de supresión de partidas. Esto implica que el momento en que se suprime la partida a una institución, no se la podría volver a crear, salvo ciertas restricciones que la Ley lo permite. Al suprimir el puesto, se suprime también a la persona”. Además dijo que desde el 2007 se han suprimido 4 000 partidas.

Los servidores públicos también proponían la paralización inmediata de actividades. Ante esto, otro grupo, comentaba que las personas tienen temor de aparecer en las movilizaciones. Uno de los asistentes aseguró que tiene un sumario administrativo en su contra por las protestas que realizaron el pasado 30 de septiembre.

A esta reunión llegaron dos asambleístas: Nívea Vélez y Tomás Cevallos. Vélez respalda a los trabajadores y señaló que el Decreto 813 es inconstitucional “porque atenta contra los derechos de los trabajadores”. Cevallos señaló que miles de personas quedarían sin trabajo, de ahí su apoyo a los servidores.

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