La última notificación que recibieron los criadores de reses para el cobro del impuesto a la tierra rural decía que estará vigente desde junio.
El comunicado llegó a la Asociación de Ganaderos del Litoral (AGL), con sede en Guayaquil, y a la Federación Nacional de Ganaderos del Ecuador (Fedegan), en Manabí hace tres meses. La información trajo desconcierto.
fakeFCKRemoveUn ofrecimiento del Servicio de Rentas Internas (SRI), de revisar este cobro, había detenido las preocupaciones. Pero hasta ayer no habían respuestas concretas, por lo que sectores como el ganadero temen que el cobro se ejecute desde mañana como lo dispone la Ley Tributaria.
“Definitivamente, el ganadero de la Costa no está en condiciones de pagar un tributo más”, dijo el presidente del gremio del Litoral, Paul Olsen. “Hemos decidido declararnos en rebeldía tributaria”, agregó.
Este impuesto grava a la posesión de tierras de superficie superior a 25 hectáreas en el sector rural, que se encuentren dentro de un radio de 40 kilómetros de las cuencas hidrográficas u otras fuentes de agua.
El tributo equivale a cerca de USD 9 por cada hectárea y fue creado según la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, en diciembre del 2007.
José Zambrano, presidente de Fedegan, envió la semana pasada una carta a la Presidencia de la República, para solicitar que el Gobierno haga una diferenciación por sectores productivos para el cobro del impuesto.
El objetivo es dar un trato preferente a los ganaderos, excluyéndolos del pago o considerando solo a aquellos que tienen más de 250 hectáreas.
Según Zambrano, los ganaderos de la Costa destinan hasta cinco hectáreas por cada animal, debido a que los suelos son áridos. “En la Sierra, en cambio, sí tienen 5 animales en una hectárea porque tienen pasto y no sufren de sequías”, advirtió.
La Cámara de Agricultura de la II Zona, que agrupa a productores de ciclo corto y perenne de Guayas, Los Ríos y Galápagos, tendrá hoy un diálogo con técnicos del SRI, para conocer las últimas disposiciones del cobro.
Hace un mes y medio, a Luis Salvador, presidente del gremio, le informaron que como las tierras productivas ya pagan un impuesto predial a los municipios era inviable un nuevo cobro por similar concepto.
“O pagamos al Municipio o pagamos al SRI, esa es una disputa que deben resolver ellos”, indicó el dirigente gremial.