18 de May de 2010 00:00

La estatal acuícola pasa a revisión final

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Redacción Guayaquil

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Los estatutos para conformar la Empresa Nacional de Acuacultura están listos en la Subsecretaría del ramo. La documentación, que detalla y plantea un modelo de gestión venezolano, será revisada por la ministra coordinadora de la Producción, Nathalie Cely.

Tras su visto bueno, el proyecto pasará a manos de la Secretaría de la Presidencia de la República para su aprobación, indicó el subsecretario de Acuacultura, José Centanaro. La cita con Cely fue solicitada para esta semana.

“Luego de esa reunión, calculo que en dos semanas ya podríamos hablar de la creación de la empresa pública”, indicó Centanaro el jueves pasado, en el marco de la celebración del tercer aniversario de la Subsecretaría que tiene a su cargo.

La nueva empresa conformará luego la Gran Nacional de Acuacultura junto con una compañía similar en Venezuela.

Se trata de un acuerdo binacional en el que Ecuador busca acoger de su contraparte el modelo de procesamiento, empaque y comercialización de mariscos, manejado por comunidades rurales, mientras que a Venezuela le interesa aprender la técnica para cultivar peces y fabricar alimento balanceado.

Durante su rendición de cuentas, Centanaro detalló el impulso de la cría de peces en jaulas flotantes dentro embalses como las tilapias en la represa Daule- Peripa, entre Guayas y Los Ríos.

Además de otros proyectos piscícolas: cría de truchas en la Sierra, y paiche en la Amazonía.

César Monge, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, identifica a la Gran Nacional de Acuacultura como un proyecto estatal dedicado fundamentalmente al desarrollo piscícola, para garantizar la seguridad alimentaria rural.

“Entendemos que no tiene que ver con la cría de camarones para la exportación, por ejemplo”, dijo el empresario.

Alfonso Benavídez, uno de los beneficiados de la cría de tilapias en la represa San Francisco de Peripa, en el cantón Buena Fe (Los Ríos), aseguró que el proyecto no solo reactiva la economía del sector, sino la autoestima de los habitantes. Unas 25 000 unidades deben ser cosechadas desde esta semana.

El proceso de regularización de camaroneras también fue mencionado. De las 175 000 hectáreas existentes, 4 000 serán eliminadas por encontrarse en área protegida.

Y, aunque apenas una empresa fue desalojada, la Subsecretaría de Gestión Marina Costera se encuentra con un trámite bastante adelantado para el desalojo de otros cinco predios más, anunció Centanaro.

Hay otras 10 000 hectáreas, que no ingresaron sus documentos para la legalización. Según el decreto 1391 estas deben ser revertidas al Estado.

Pero Monge solicitó a la ministra Cely una nueva oportunidad para estos casos.

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