12 de October de 2012 00:03

Empleados de Maxigraf denuncian compra de renuncias obligatorias

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El ritmo de trabajo de los 264 empleados de Maxigraf, incautada por el Estado a los hermanos Isaías, se fue desacelerando drásticamente desde diciembre pasado.

El volumen de producción de cajas para empaques de camarón, formularios continuos, facturas, cheques, entre otros, empezó a reducirse por falta de materia prima. Pero el personal siguió acudiendo al lugar para cumplir con sus ocho horas de trabajo.

Las importaciones de papel y cartulina fueron mínimas. Datos del Servicio de Rentas Internas (SRI) dan una pista de ello. Mientras en 2011, la empresa reportó USD 63 250 en impuesto a la Salida de Divisas, en lo que va del año la cifra cayó a USD 1 141.

Los directivos de la empresa no comunicaban los detalles sobre la situación financiera de la empresa, pero los obreros concluían que en algún momento recibirían una mala noticia. Y ese momento se fue forjando hace un mes, cuando se empezó a pedir las renuncias voluntarias del personal.

Pero no eran tan voluntarias. El miércoles de la semana pasada, cuando Esther Moscoso estaba preocupada por su madre enferma, fue notificada para que firme su renuncia. Caso contrario, dice, la empresa encontraría una causal para Visto Bueno, ante el Ministerio de Relaciones Laborales.

“Fueron 12 años de trabajo en el departamento de ventas y que me digan que todo esto termina así es injusto”, lamentó Moscoso, quien aún espera su liquidación.

Ella se unió a un centenar de compañeros que hace dos días se tomaron la planta de la empresa, en la av. Carlos Julio Arosemena.

[[OBJECT]]De impulsar la firma de renuncias estaba encargado el abogado de la empresa, Daniel Veintimilla, en base a informes desfavorables de rendimiento laboral, que son rechazados por los aludidos.

Según Stalyn Tutivén, quien se desempeñaba como jefe de bodega de la planta en Durán, esos informes fueron parcializados y hechos por personas que llegaron con la administración de Robert Andrade, en el 2010.

En su gestión, dice, cerca de 50 trabajadores salieron y sus plazas fueron reemplazadas por otros.

Por 18 años de trabajo, a Tutivén le ofrecieron USD 6 000 de liquidación. “Yo firmé mi renuncia voluntaria el lunes, porque si me pongo a pelear con ellos, que son Gobierno, cuándo gano”.

Por una década de labores en el área de Producción, Linda Santana, en cambio, aceptó renunciar a cambio de una liquidación de USD 2 000. Pero cuando conoció del anuncio de Robert Andrade de que renunciaba, dudó de que alguien respondiera por los valores que se le adeudan.

“Si él renuncia es porque estalló el caso de los créditos irregulares al señor Duzac, quien estuvo por aquí a fines del año pasado. Y Maxigraf está metida en ese lío porque supuestamente fue parte de las garantías”, criticó Santana.

En medio de estas protestas, la mañana de ayer llegó Kirk Mazzini, quien se identificó como asesor jurídico del fideicomiso AGD CFN No Más Impunidad (encargado de administrar los bienes incautados a favor del Estado).

Mazzini trató de calmar a los trabajadores y aseguró que la empresa cuenta con los activos para responder a la remuneración de cada obrero. Sobre la liquidación no dio mayores detalles. Solo dijo que el tema será analizado con la Inspectoría de Trabajo. Y que se garantizará la estabilidad laboral.

Pero a criterio de Lenin Duque, abogado experto en derecho laboral, esa garantía ofrecida se incumplió al promoverse la firma de renuncias, como denuncian ahora los empleados.

“Si una empresa es incautada por el Estado, está bajo el derecho privado. No es pública. Si deciden prescindir de los servicios de los trabajadores deben liquidarlos por despido intempestivo”, dijo.

Independientemente de que, a criterio de Duque, la figura de renuncias voluntarias es inconstitucional, en este caso no cabe lo sucedido en los entes públicos.

Al término de la tarde, los trabajadores de Maxigraf llegaron a un acuerdo con Mazzini. Este consiste en aceptar la renuncia de Robert Andrade y esperar una nueva administración hasta el miércoles de la próxima semana. A cambio, los obreros abandonaron las instalaciones de la planta. Mazzini abrió la posibilidad de revisar el tema de las renuncias.

La venta aún no se concreta

La facturación de Maxigraf SA cayó en cuatro años. Según Ana Cortés, jefa de Facturación, Crédito y Cobranza, la firma cerraba el mes con ventas de USD 2 millones; pero desde el 2008, los ingresos promedian los USD 100 000.

Pese a esos resultados, José Menoscar, gerente de Comercio Exterior y Litografía, destacó que hubo interés de un empresario ítalo-americano, Salvatore Anza, para comprar la compañía.

Una propuesta habría sido planteada el mes pasado. “Pero el fideicomiso no quiso”, dijo Menoscar. Cuando se hizo pública la investigación de créditos vinculados de Cofiec, también en manos del Estado, a otras firmas incautadas y un préstamo impago a un ciudadano argentino, Salvatore Anza simplemente se retiró.

Según datos de la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público del fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad (Ugedep), el Estado tiene el 100% de participación de Maxigraf. En dólares, equivale a 25,6 millones.

La empresa fue incautada en agosto del 2008, por unas deudas pendientes que los hermanos Isaías tenían con el Estado. Tuvo una administración mixta hasta el 2010, a cargo de Kerly Loor.

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