29 de March de 2012 00:03

Ecuacorriente incrementará su capital social a USD 146 millones

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Ecuacorriente ampliará su capital social en el país de USD 2 000 a USD 146 millones este año, informó el vicepresidente legal de la empresa, Mauricio Núñez, que tiene a cargo el proyecto de cobre Mirador. Según Núñez, no hay una normativa que indique que se deba hacer este incremento pero que estaba contemplado dentro del plan de inversiones.

En Mirador, Ecuacorriente prevé invertir USD 1 700 millones en 25 años para construir la mina a cielo abierto, la planta de tratamiento de cobre, una hidroeléctrica, un puerto marítimo, etc.

La experta en derecho societaria, María Rosa Fabara, explicó que pese a no existir una normativa que obligue a las empresas a cargo de grandes proyectos a aumentar su capital, es común esta condición de parte del Estado.

Prueba de ello fue el contrato para construir el Oleoducto de Crudos Pesados en el 2001. Antes de la firma, el gobierno de Gustavo Noboa, pidió al consorcio a cargo de la obra ampliar su capital al 5% de la inversión total. Es decir, USD 55 millones.

Fabara indicó que este tipo de peticiones, por un lado, se requieren para que la empresa demuestre su solidez y que tiene el capital necesario para ejecutar la obra.

Por otro lado, con ello se busca asegurar que no todo el financiamiento del proyecto venga de préstamos, sino también de fondos propios de la empresa.

El viceministro de Minería, Federico Auquilla restó importancia al capital de USD 2 000 de Ecuacorriente al asegurar que se tiene el respaldo de uno de los consorcios más grandes de China (CRCC-Tongling), que expidió una garantía a favor de Mirador por más de USD 1 000 millones.

Ante la pregunta de si eso implica que ante un incumplimiento de Ecuacorriente con el contrato, el Ecuador podrá cobrar esa garantía, Auquilla respondió: “No tengo ese tipo de información”.

Respecto al contrato de Ecuacorriente, el asambleísta de Pachakutik, Kléver Jiménez, indicó que iniciará una acción civil para pedir su nulidad, y un juicio político contra el ministro, Wilson Pástor.

Ello debido a que en el acuerdo con el Estado consta un acta de autorización de dos empresas domiciliadas en las Islas Caimán, accionistas de Ecuacorriente hasta noviembre del 2011, para la suscripción del contrato.

Desde inicios de este año, los accionistas de Ecuacorriente son dos firmas canadienses. “El contrato sería nulo porque no lo firmaron los actuales accionistas”.

Para Núñez, eso no era un impedimento, ya que el presidente de Ecuacorriente, Li Donquing, quien suscribió el contrato, no requería de la autorización de los nuevos accionistas, ya que todas las empresas involucradas en el tema eran propiedad del mismo consorcio chino.

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