6 de July de 2011 00:02

Dudas por el registro de la deuda a corto plazo

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Hasta el 31 de mayo pasado la deuda pública, interna y externa, se ubicó en USD 15 433 millones, equivalente al 25% del Producto Interno Bruto (PIB). Según el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (Copfp), la deuda no puede superar el 40% del PIB, lo cual deja al Gobierno un margen de 15 puntos para contratar nuevo endeudamiento.

Pero el problema se genera cuando ciertos rubros no son considerados como deuda y no entran en las estadísticas oficiales.

Uno de ellos es la contratación de deuda pública a menos de un año. César Robalino, director de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE), sostiene que las inversiones que se realizan en Certificados de Tesorería (Cetes), que son papeles públicos de corto plazo, no son considerados como deuda pública bajo el Código, solo porque son a menos de un año.

La Corporación del Seguro de Depósitos (Cosede), por ejemplo, invierte hasta el 50% de sus fondos en papeles públicos de corto plazo. Robalino añade que “si el IESS estuviera invirtiendo en papeles de este tipo, tampoco tendríamos mayor información sobre este endeudamiento público, el cual será mayor”.

Fausto Ortiz, ex ministro de Finanzas del actual Régimen, dijo que la deuda de corto plazo fuera legal si la inversión de los Cetes se hiciera durante un mismo ejercicio fiscal, que inicie en enero y termine en diciembre del mismo año. “Pero si de hace de un año a otro es endeudamiento”.

Según Ortiz, a través de los Cetes el Gobierno ha contratado deuda por USD 300 millones, monto que no considera la inversión que realiza el Seguro Social en otros papeles que también tienen plazos menores a un año.

Otra de las cuentas que genera polémica sobre el manejo fiscal es la de gastos. Robalino mencionó que dentro de la inversión pública se ha incluido una serie de ítems que por su naturaleza son gastos corrientes, como las cadenas o enlaces sabatinos que realiza el Presidente de la República.

Ortiz dijo que este tipo de gastos representa cerca de USD 1 000 millones y que el objetivo es bajar la presión para tener que conseguir más fuentes de financiamiento.

Kléber Coronel, decano de Economía de la Universidad Católica de Guayaquil, sostuvo que la forma de clasificar los gastos y la deuda son criterios del Gobierno que buscan tener mayor holgura para endeudarse o gastar más. “Ellos utilizarán su contabilidad como les convenga”.

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