11 de December de 2011 00:05

Despidos en el sector público dejaron a la familia Ron Défaz sin sustento

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En el segundo piso del dispensario central del IESS, en el Centro de Quito, Fabiola Défaz, junto con su esposo Marcelo Ron, hacen la cola frente a un consultorio.

A Fabiola le preocupa que sus dedos de la mano derecha se estén deformando.

Ese, sin embargo, es un problema menor respecto a las secuelas que le dejó un derrame cerebral sufrido durante su jornada de trabajo en el Ministerio de la Vivienda (Miduvi), en junio del 2006.

Su hablar es lento y pausado y al caminar levanta con dificultad el brazo y la pierna derechos. No recuerda bien en qué fecha ingresó a trabajar en el Miduvi.

Pero un certificado de la Dirección de Recursos Humanos de la entidad, señala que laboró desde 1980 en el Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias (IEOS), que en 1992 se fusionó al Miduvi.

Tiene un carné del Conadis, que certifica la discapacidad del 40% en su movilidad y el habla.

A finales de octubre pasado se quedó sin empleo, al igual que su esposo Marcelo Ron, quien ingresó al IEOS en 1985 y se trasladó al Miduvi en los años 90.

“Pensamos que no nos iban a sacar a los dos, que por lo menos uno quedaría para sostener el hogar”, dice Marcelo.

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En el IEOS, Marcelo Ron y Fabiola Défaz se conocieron, se enamoraron y se casaron. Fruto de su matrimonio nacieron dos hijos: Viviana y Diego, quienes cursan ahora sus estudios superiores.

El hogar se quedó sin un ingreso fijo en la última oleada de despidos en el sector público, donde fueron separados más de 2 700 funcionarios sin más justificación que las declaraciones del ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa y del presidente, Rafael Correa, quienes acusaron a los despedidos de corrupción.

En su casa ubicada en el sector de Llano Grande, un modesto pesebre decora el pie del árbol de Navidad de los Ron Défaz.

Marcelo saca un paquete de 10 hojas donde se constatan las evaluaciones de él y de su esposa, con calificaciones superiores a 80 sobre 100 desde el 2008.

Debe aún USD 3 000 a una sobrina que le prestó el dinero para terminar su casa. Calcula, además, que tendrá que pagar al IESS USD 20 000 de su liquidación en futuros aportes de afiliación voluntaria para que él y su esposa puedan jubilarse en cinco años.

“Los ministros dicen que nos han sacado por corruptos. Hay leyes para que sigan un proceso y nos manden sin dinero”, dice.

En el Miduvi, el coordinador Jurídico de la Cartera de Estado, David Noboa, explica que todo fue parte de un proceso de “optimización de recursos y el talento humano” que lleva a cabo la institución en coordinación con el Senplades y el Ministerio de Relaciones Laborales desde el 2009.

Noboa no acepta que hayan sido renuncias obligatorias, pese a lo que dice el decreto 813, y describe los despidos como “renuncias con indemnización”

Ni la Senplades, ni Relaciones Laborales les dieron el número de funcionarios que serían separados ni el porcentaje que debía salir del Miduvi, dice Noboa.

La Dirección de Talento Humano con base a un “estudio técnico”, según Noboa, determinó el despido de Défaz y Ron junto con otros 189 funcionarios por quienes se pagaron indemnizaciones por USD 9 millones.

Ni los informes que sustentaron su salida ni los estudios técnicos llegaron a este Diario pese a que fueron pedidos durante más de dos semanas. Lo que sí llegó, con agilidad, fue un memorando de la directora de Administración de Recursos Humanos del Miduvi, Mónica Bermejo, quien certifica que Fabiola Défaz no ha presentado documentación que indique su discapacidad.

“De lo contrario hubiera tenido un trato preferente”, indica Noboa. Ron responde: “Como si por ser discapacitado tendrían que alcahuetearme el ser corrupto”.

Los esposos se quedan junto al sencillo arreglo navideño. Fabiola Défaz no pierde la fe de que su caso será revisado.

25 despidos en  aeropuerto de Portoviejo

Los aviones  privados que mantenían activo al aeropuerto Reales Tamarindos, en Portoviejo, la capital de Manabí,  ya no  podrán aterrizar en esa terminal aérea.

El viernes a las 08:00,  hora de inicio de las actividades llegaron funcionarios  de la Dirección de Aviación Civil (DAC) y del Ministerio de Relaciones Laborales.

Ellos entregaron a los 25 empleados del aeropuerto los documentos donde se oficializó la supresión de sus puestos de trabajo.

La noticia fue un balde de agua fría para los habitantes de la capital manabita, comentó Alba González presidenta de la Cámara de Comercio de Portoviejo.

“El tema es claro. Se despide a los trabajadores y al no haber personal el aeropuerto quedó inactivo”, señaló la empresaria.  
Carlos Díaz fue uno de los funcionarios despedidos. “Nos despiden y a la vez de un solo plumazo borran 25 años de trabajo”, dijo.

Cuatro guardias de seguridad privada fueron contratados por la DAC para impedir el paso de los funcionarios cesados y además de personas ajenas a la entidad.

También el nuevo personal de seguridad   cambió las  cerraduras en las puertas interiores y de ingreso al edificio ubicado en el noreste de Portoviejo. En los próximos días    se cuantificarán  los  activos fijos de  la edificación.
 

Los habitantes de Portoviejo están inconformes con la medida. Mauricio Cedeño, morador de  la ciudadela Briones, quien  dijo que la población debería  pedir cuentas al Gobierno del hecho.

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