17 de November de 2011 00:05

Despidos aún no tienen sustento técnico

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El Régimen no revela el sustento técnico o jurídico que utilizó para destituir a 2 700 funcionarios públicos la última semana de octubre pasado, bajo la cuestionada figura de las renuncias obligatorias.

En dos ocasiones, la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional ha pedido la comparecencia de los ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa; Salud, David Chiriboga; Interior, José Serrano; y de la Vivienda, Pedro Jaramillo, para que expliquen el proceso que motivó el despido de los servidores.

Primero fueron convocados para el 9 de noviembre pasado, pero las autoridades dijeron que requerían más tiempo para preparar la información.

Luego, la Comisión los llamó para las 10:00 de ayer, pero la hora coincidió con la sesión del Pleno de la Asamblea para discutir la Ley de Comunicación.

Ante ello, la comparecencia se adelantó para las 09:00 de ayer, lo cual fue comunicado el martes pasado a los despachos de los ministros, según la presidenta de la Comisión, Lourdes Tibán.

El cambio de hora desencadenó ayer una serie de incidentes. Hasta las 09:30 de ayer, a la sala de sesiones de la Comisión no llegaban los ministros convocados.

15 minutos antes de las 10:00 se presentó el ministro Pedro Jaramillo, quien pidió más tiempo para reunir la documentación. Tibán levantó la sesión.

Luego de cinco minutos apareció el ministro del Interior, José Serrano. “No avisaron que se adelantó la sesión”, dijeron dos funcionarias que lo acompañaban.

Minutos después llegaron Espinosa y Chiriboga. Pero Tibán no volvió a instalar la sesión. A esa hora el reloj marcaba las 10:05.

Para la presidenta de la Comisión, la discusión de la Ley de Comunicación era prioritaria.

Enseguida, al instante, los ministros salieron de la Asamblea sin responder preguntas.

Tibán afirmó que el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, boicoteó la sesión de la Comisión al convocar al Pleno a la misma hora. “Como sabían que el Pleno se iba a dar a las 10:00, ahora todos comparecen. Eso es burlarse de la Función Legislativa”.

Añadió que se establecerá una nueva fecha para la comparecencia, pero que podría ser ante el Pleno de la Asamblea.

El presidente de la Federación Nacional de Servidores Públicos, Miguel García, indicó que la falta de informes y sumarios administrativos demuestra que no hubo motivo para la salida de los funcionarios, y que su destitución fue ilegal. “No hay ninguna prueba y si hubiera pruebas, ¿cómo pueden justificar darles plata a los ‘corruptos’? Eso es inaudito”.

Ante la falta de información, unos 100 ex funcionarios acudieron la tarde de ayer a la Defensoría del Pueblo para que su titular, Fernando Gutiérrez, exija de las autoridades las cartas de renuncia de los servidores cesados y los informes que muestren los supuestos actos de corrupción.

Medio millón para pagar indemnizaciones en la APG

Redacción Guayaquil

La Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG) destinará USD 500 000 para cancelar las indemnizaciones a  30 empleados que fueron despedidos el martes pasado.

Así lo anunció ayer  Rubén Morán, presidente del Directorio de la APG, quien añadió que no se tiene previsto llenar las vacantes. “Se está ejecutando un proceso de reestructuración, lo que implica reducir considerablemente el personal de la institución”, manifestó.

La APG contaba con 62  empleados, pero desde el martes pasado  solo quedan 32.
Para Morán, la reducción de personal no generará problemas en la administración, debido a que  la empresa tiene más personal del necesario.

“El puerto está concesionado a un operador privado y dejó de realizar múltiples actividades operativas, por lo que el personal debe reducirse”, explicó.
Uno de los despedidos fue Jorge Jiménez, quien laboraba en la Unidad de Control de Gestión. Él estaba  encargado de la seguridad industrial y ambiental del puerto.

En 10 años, Jiménez  ha sido separado de sus funciones dos veces. La primera vez fue en junio del 2009, pero luego de una disputa legal fue reincorporado en noviembre del 2010.

Pero el martes, a las 10:00, recibió la notificación de que sus labores terminaban.  “No sé por qué me botan. Tengo mi hoja de vida intachable pero de nada me sirvió. Ni siquiera sé con cuánto me van a liquidar”.

La APG alista otra fase de despidos para lo cual se suprimirán otros puestos. Según Morán, una vez que  ya no haya exceso de personal no se realizarán más contrataciones de personal.

Sin embargo, Jiménez contó que ya se han contratado empleados para reemplazar a quienes fueron separados.


Testimonio

Ximena Larco/ Ex funcionaria del Ministerio  de Relaciones Laborales

‘Tengo  discapacidad y me  sacaron’

Ingresé mediante un concurso de méritos al entonces Ministerio de Trabajo en 1987,  que luego se transformó en el Ministerio de Relaciones Laborales.
Durante 24 años trabajé en las áreas financieras y de talento humano. En los últimos años  me desempeñé como analista de recursos humanos, llevando la asistencia, el cálculo de vacaciones y horas extras de 1 400 funcionarios del Ministerio.

Pese a tener evaluaciones de 86 sobre 100 en el último año y a mi  discapacidad (artrosis de cadera congénita), me notificaron la noche  del 28 de octubre en mi casa de la  renuncia obligatoria, al estar  de vacaciones.

No he tenido nunca un llamado de atención por mi trabajo. Mi expediente está limpio.      
Yo trabajaba en la Dirección de Talento Humano del Ministerio de Relaciones Laborales y nunca  tuve  conocimiento de que se estuviera realizando  un proceso de evaluación para separar a funcionarios públicos.

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